El juez federal del Tribunal Oral Federal de La Rioja, Jorge Gamal Chamía, se refirió a la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Córdoba, de la que depende La Rioja, y sostuvo que aún no están dadas las condiciones para avanzar con la reforma debido a la falta de recursos humanos, infraestructura y tecnología.
La entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio estaba prevista para junio de 2026, pero fue reprogramada para el 8 de marzo de 2027. Según explicó el magistrado, el cambio representa una transformación profunda en el funcionamiento de la Justicia Federal, ya que las investigaciones penales dejarán de estar a cargo de los jueces y pasarán a ser conducidas por los fiscales.
“Es un cambio total, rotundo en el sistema de persecución penal”, señaló Chamía al describir una reforma que apunta a reemplazar el tradicional sistema mixto por uno basado en la oralidad, la celeridad procesal y una división más clara de funciones entre jueces, fiscales y defensores.
Falta de jueces y estructura
El magistrado advirtió que La Rioja todavía necesita una importante adecuación institucional para poder aplicar el nuevo modelo. Entre otras cuestiones, indicó que deberían crearse al menos dos juzgados de control y un juzgado de ejecución penal, cargos que aún no fueron establecidos por ley ni sometidos a concurso.
Chamía remarcó que la creación de estos organismos es un paso indispensable antes de cualquier implementación efectiva y recordó que los procesos legislativos y de selección de magistrados suelen demandar varios años.
Tecnología e infraestructura pendientes
Otro de los puntos señalados por el juez fue la necesidad de incorporar equipamiento tecnológico y mejorar la infraestructura judicial. En ese sentido, indicó que todavía restan trabajos vinculados a conectividad, sistemas digitales y espacios adecuados para el desarrollo de audiencias orales.
La implementación del sistema acusatorio requiere salas especialmente equipadas, herramientas para el registro audiovisual de las audiencias y una fuerte modernización de los procedimientos judiciales. Además, contempla la creación de oficinas judiciales encargadas de la administración de los tribunales, permitiendo que los jueces se concentren exclusivamente en la resolución de los casos.
Una reforma largamente debatida
La incorporación del sistema acusatorio no es un tema nuevo en La Rioja. Desde hace varios años distintos actores del Poder Judicial vienen impulsando reformas orientadas a modernizar el proceso penal. El propio Chamía participó en mesas de trabajo junto a especialistas nacionales como Alberto Binder para analizar la transición hacia un modelo donde el fiscal tenga un rol central en la investigación criminal.
El nuevo Código Procesal Penal Federal ya funciona en varias jurisdicciones del país y, según datos oficiales, ha permitido mejorar significativamente los índices de resolución de causas gracias a la oralidad y a una mayor agilidad en los procesos. Sin embargo, en provincias donde persisten déficits estructurales, la implementación continúa enfrentando obstáculos.
Mientras tanto, La Rioja permanece sin una fecha definida para la puesta en marcha del nuevo sistema, a la espera de que se completen las condiciones institucionales, tecnológicas y presupuestarias necesarias para concretar una de las reformas más importantes de la Justicia Federal en las últimas décadas.
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