Un nuevo debate se ha instalado en el ámbito de las fuerzas de seguridad a raíz de una iniciativa parlamentaria que busca modificar la reglamentación del personal policial. El proyecto propone la creación de un registro voluntario para que los agentes retirados puedan reincorporarse a la actividad laboral activa, desempeñándose específicamente en la cobertura de servicios de policía adicional, tales como la custodia de espectáculos públicos, entidades bancarias o transporte de caudales.
Carlos Hervaez, presidente de la Asociación 10 de Abril de retirados de policías y penitenciarios, defendió firmemente la viabilidad de la propuesta. Explicó que los miembros de las fuerzas suelen retirarse a edades muy tempranas y que muchos de ellos experimentan un fuerte impacto negativo en su salud física y anímica tras alejarse de la rutina institucional. Según Hervaez, el proyecto ofrece una alternativa para la reinserción social de un personal altamente capacitado y profesional, permitiéndoles además mejorar sus ingresos de manera formal y regulada.
La iniciativa aclara explícitamente que la reincorporación será de carácter estrictamente voluntaria y que estará sujeta al control de la Jefatura General de Policía. Los postulantes deberán someterse y aprobar exámenes psicofísicos y psicológicos anuales coordinados por el centro de salud de la fuerza para avalar que se encuentran aptos para las tareas. Asimismo, quienes requieran portar armamento para objetivos específicos deberán cumplir con las correspondientes normativas federales vigentes y las regulaciones de logística de la institución.
El proyecto ya cuenta con antecedentes similares en jurisdicciones como la provincia de Córdoba y la Policía Federal Argentina. En el plano local, los impulsores de la medida ya mantuvieron reuniones con el Jefe de Policía, Comisario General René Molina, y con autoridades de la Cámara de Diputados, quienes evaluaron positivamente el diseño legal de la propuesta.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de controversia y ha generado opiniones encontradas. Desde otros sectores de retirados, como la Asociación Civil 22 de Mayo, manifestaron su rechazo argumentando que el personal ya cumplió con su ciclo de servicio obligatorio y que volver a las calles podría implicar riesgos físicos innecesarios para personas de edad avanzada. Frente a esto, los autores del proyecto reiteraron que, al ser una medida puramente opcional y fuertemente auditada en materia de salud, representa un beneficio a futuro y una herramienta de bienestar para quienes deseen, por voluntad propia, mantenerse activos en la comunidad.
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