La Cámara de Diputados de La Rioja ratificó una norma clave para revertir un decreto de la última dictadura militar. La disputa afecta de lleno al megaproyecto minero Vicuña y al icónico Parque Ischigualasto. El caso se encamina a ser dirimido por la Corte Suprema de Justicia.
LA RIOJA.— En una sesión legislativa trascendental, la Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un proyecto de ley impulsado por la Función Ejecutiva que otorga herramientas y facultades concretas al gobierno provincial para reclamar y tramitar de manera formal la delimitación fronteriza con la provincia de San Juan. El conflicto se centra fundamentalmente en dos áreas geográficas clave: el sector suroeste (donde se emplaza el Glaciar del Potro) y el oeste (el Valle de la Luna, actualmente Parque Ischigualasto).
La nueva normativa contó con el respaldo de diversos bloques parlamentarios, entre ellos el Justicialismo, la Unión Cívica Radical y el bloque del diputado Bordagaray; mientras que los legisladores de La Libertad Avanza optaron por la abstención. Adicionalmente, el texto crea una comisión especial de diputados, integrada por todas las bancadas, encargada de recopilar antecedentes históricos, geográficos y legales para apuntalar la inminente presentación judicial.
Los antecedentes históricos: El acuerdo de 1911 vs. El decreto de facto de Onganía
De acuerdo con lo detallado por el diputado riojano Yamil Sarruf, la disputa hunde sus raíces en la historia institucional del país. Desde el año 1911 existía un tratado de límites pacífico y estipulado entre ambas jurisdicciones, consolidado luego en un acuerdo interprovincial en 1919 con el aval de las legislaturas locales.
Sin embargo, el quiebre se produjo durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. En ese periodo, los interventores federales impuestos en ambas provincias (Gómez en San Juan e Iribarren en La Rioja) firmaron la cesión de este sector del territorio riojano a la vecina provincia mediante un «decreto ley» (la norma 18.004).
Con el regreso de la democracia, La Rioja rechazó sistemáticamente este despojo mediante la Ley Provincial Nº 3.468 durante el primer mandato de Carlos Menem, fundamentando que un interventor de facto carecía de prerrogativas constitucionales para alterar el territorio. Según el artículo 75 inciso 5 de la Constitución Nacional, el único órgano facultado para arreglar definitivamente los límites interprovinciales es el Congreso de la Nación, mediando el consentimiento de las legislaturas provinciales correspondientes.
A pesar de que San Juan alega que dicha frontera fue ratificada en el Congreso Nacional en el año 2014 dentro del Digesto Jurídico Argentino (Ley 26.939), desde el parlamento riojano argumentan que la propia jurisprudencia de la Corte Suprema ha dictaminado que el procedimiento de dicho digesto quedó trunco al no completarse los pasos técnicos ni las publicaciones definitivas pertinentes.
El reclamo riojano no es nuevo ni partidario: ha tenido hitos históricos como los proyectos impulsados en 1976 por Raúl Galván (que tenía media sanción previa al golpe), las gestiones de Carlos Menem, y las presentaciones conjuntas en el año 2006 de los legisladores Mario Santander, Alejandro Oviedo, Adrián Méndez y Julio Martínez. El actual gobernador, Ricardo Quintela, ya había planteado formalmente este diferendo a su entonces par sanjuanino Sergio Uñac en el año 2021.
Miles de millones de dólares en juego: El factor minero
El trasfondo económico que precipita y da urgencia a este debate parlamentario es el monumental desarrollo minero en la alta cordillera. En la zona de conflicto territorial está enclavado el denominado Distrito Vicuña, un gigante metalífero que promete albergar una de las operaciones mineras más grandes del mundo.
Dentro de este territorio en disputa se encuentran los megaproyectos de Filo del Sol, José María y, fundamentalmente, Luna Guasi. Sarruf enfatizó el impresionante potencial geológico de la zona: «Mientras que yacimientos tradicionales procesan leyes de entre 5 y 7 gramos de oro por tonelada, en Luna Guasi se han descubierto pozos con leyes de 30 gramos, e incluso perforaciones que arrojan registros de hasta 2 kilos de oro por tonelada».
Recientemente, la operadora del proyecto Vicuña anunció una colosal inversión de 9.000 millones de dólares acogiéndose al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través de la provincia de San Juan. La Rioja busca reabrir la discusión judicial de manera inmediata para asegurar que las millonarias regalías mineras y los puestos de trabajo derivados correspondan legítimamente a las arcas riojanas.
A pesar del litigio, las autoridades provinciales aclararon que esto no pretende ahuyentar los capitales. «Lo que menos quiere la provincia es sacar fuentes de trabajo o poner para atrás la actividad minera. Queremos dar tranquilidad y estabilidad jurídica a los inversores, pero exigimos que paguen las regalías a quien realmente le corresponde», apuntó Sarruf.
Próximos pasos
Tras la sanción de la ley, el paso inmediato de la función ejecutiva de La Rioja será la presentación de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo organismo competente para resolver originariamente los conflictos de límites entre provincias. La Corte deberá dictaminar de una vez por todas sobre la validez del histórico decreto de la dictadura y definir la titularidad de un territorio que hoy vale miles de millones de dólares en riqueza mineral.
Información extraída del archivo audiovisual de Medios Provincia: http://www.youtube.com/watch?v=0w_KWX69NgQ
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