En una entrevista radial, el exministro de Desarrollo Social y actual dirigente político Daniel Arroyo cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional en materia de discapacidad, al considerar que implica un “retroceso de un siglo” en derechos y pone en riesgo la atención de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Arroyo advirtió que la iniciativa, presentada en el Senado, modifica el enfoque actual de las pensiones al volver a un criterio de “invalidez laboral”, dejando de lado el concepto de pensión por discapacidad. Según explicó, esto excluye a muchas personas que no pueden trabajar y desconoce estándares internacionales que contemplan el mayor costo que enfrentan las familias con integrantes con discapacidad.
“El mundo avanzó hacia un sistema que compensa esa desigualdad estructural. Este proyecto busca recortar ese derecho”, sostuvo. Además, alertó que la propuesta también implicaría una reducción del nomenclador, afectando el acceso a medicamentos, transporte, terapias y educación.
El dirigente describió un escenario crítico en el sistema de atención: “Ya no es una situación de emergencia, es directamente un colapso”. En ese sentido, denunció demoras, recortes y dificultades crecientes en prestaciones esenciales, tanto en el ámbito público como en obras sociales y prepagas.
Durante la entrevista, Arroyo también cuestionó el incumplimiento de la legislación vigente por parte del Poder Ejecutivo. Remarcó que existe una ley que no fue implementada pese a los plazos fijados por la Justicia, lo que calificó como una grave irregularidad institucional. “Una ley no es una sugerencia, es una obligación”, enfatizó.
En el plano político, el exfuncionario se mostró escéptico respecto a la viabilidad del proyecto en el Congreso. Consideró que, aunque el oficialismo logró construir mayorías en algunos ámbitos, no contaría con el respaldo necesario en la Cámara de Diputados para avanzar con una reforma de este tipo.
Por otra parte, adelantó que sectores vinculados a la discapacidad convocaron a una movilización para reclamar el cumplimiento de la normativa vigente y rechazar cualquier intento de recorte. “El problema ya no es el futuro, es el presente: hay familias que hoy no están pudiendo acceder a lo básico”, remarcaron durante el diálogo.
Finalmente, Arroyo vinculó la situación del área de discapacidad con una crisis más amplia del sistema de salud, señalando desregulación, incertidumbre en las coberturas y dificultades crecientes para acceder a tratamientos. “Es ahí donde se ve con mayor claridad el nivel de deterioro”, concluyó.
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