En una reciente entrevista conducida por el periodista Eduardo Aliverti, la politóloga y especialista en tecnología Natalia Zuazo analizó con severidad la agenda digital del gobierno de Javier Milei. La consultora de la UNESCO y autora de los libros Guerras de Internet y Los dueños de Internet advirtió sobre el peligro de convertir al país en un laboratorio de experimentación para magnates tecnológicos de Silicon Valley bajo un modelo que calificó de «extractivista» y carente de control humano.
Un paraíso experimental para el anarcocapitalismo
Zuazo señaló que la estrategia actual no es una idea novedosa, sino la ejecución de un paradigma de desregulación extrema que data de hace varias décadas, fuertemente impulsado por figuras como Federico Sturzenegger en sintonía con las visiones de magnates norteamericanos como Peter Thiel (cofundador de PayPal y Palantir).
Según la especialista, el mensaje que el gobierno envía a los mercados internacionales a través de medios extranjeros es una invitación explícita a experimentar en Argentina sin ningún tipo de supervisión o control estatal. Zuazo recordó el antecedente de Honduras, donde inversores extranjeros crearon zonas completamente desreguladas en una isla y, tras la posterior anulación del proyecto por parte del Estado hondureño, demandaron al país por una suma multimillonaria casi imposible de pagar.
La alarmante presencia de Palantir y los riesgos del «Gemelo Digital»
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la radicación y compra de propiedades en el país por parte de Peter Thiel. Zuazo describió a la empresa de Thiel, Palantir, como una corporación profundamente vinculada al complejo militar y de defensa de los Estados Unidos (de donde provienen la mitad de sus ingresos anuales). Explicó que este software recopila bases de datos públicas y de fuentes abiertas para vigilancia masiva y toma de decisiones letales, habiendo operado en conflictos como la Franja de Gaza y la guerra en Ucrania.
A nivel local, la experta manifestó su preocupación en torno al anuncio del «gemelo digital» para el Ministerio de Capital Humano. Advirtió que cruzar masivamente bases de datos del Estado con información altamente sensible (como la de menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad social) sin regulaciones adecuadas viola la Ley de Datos Personales y abre las puertas a la discriminación automatizada.
Dependencia tecnológica, ignorancia y el desfinanciamiento educativo
La politóloga cuestionó el «tecnooptimismo» del oficialismo, al que definió como la falsa creencia de que la tecnología soluciona todos los problemas por sí misma, obviando la discusión política subyacente. Criticó que se pretenda liderar una agenda de inteligencia artificial mientras se ahoga presupuestariamente a las universidades públicas y los centros de investigación.
«No se puede tener desarrollo tecnológico propio sin financiar a los profesionales e investigadores. De lo contrario, solo se profundiza la dependencia comprando software extranjero sin entender cómo funciona por dentro», enfatizó Zuazo. Asimismo, calificó la visión del gobierno como «ignorante» al pretender privatizar infraestructuras públicas estratégicas, tales como el centro de datos de Arsat y la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), herramientas clave creadas por ingenieros locales que garantizan la soberanía digital del país.
El impacto real de los algoritmos en la pobreza
Hacia el cierre del encuentro, Zuazo instó a la dirigencia política y a los legisladores a tomar en serio la agenda digital, remarcando que las decisiones automatizadas por algoritmos no son cuestiones futuristas, sino dinámicas que afectan el día a día de la ciudadanía. Desde filtros automáticos de currículums laborales hasta el otorgamiento de créditos bancarios o la asignación de vacantes escolares, la falta de supervisión ética y humana tiende a profundizar las brechas de exclusión.
«Ocuparse de la tecnología no es algo que deba venir después de solucionar la pobreza; son cuestiones que afectan directamente a la pobreza hoy», concluyó, lamentando además que los proyectos locales para actualizar la Ley de Datos Personales (que data del año 2000) hayan perdido estado parlamentario por falta de interés político.
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