CHILECITO.– Los ex empleados de la emblemática curtiembre de Nonogasta iniciaron una serie de manifestaciones públicas ante la falta de respuestas en la liberación de fondos correspondientes a sus indemnizaciones y salarios caídos. Los trabajadores acusan trabas burocráticas y presuntas irregularidades intencionales dentro del sistema judicial riojano que mantienen frenado el cobro de un dinero que ya posee un fallo firme a su favor.
Nicolás Pozo, vocero del grupo de ex operarios, recordó que la lucha judicial lleva ya entre cuatro y cinco años. El reclamo original se inició con un padrón de 100 compañeros, número que lamentablemente ha disminuido debido al fallecimiento de varios de ellos esperando percibir lo adeudado.
El origen del conflicto por los fondos
Los manifestantes detallaron que la doctora Elías, jueza de la causa laboral, dictaminó un fallo firme a favor de los trabajadores. Los fondos reclamados corresponden a una suma cercana a los 30 millones de pesos que se encuentra actualmente retenida y embargada en el Banco Rioja. Dicho monto fue el pago que realizó el gobierno de la provincia a la empresa en concepto de la expropiación de las instalaciones.
Sin embargo, el conflicto escaló luego de que la jueza de Concursos y Quiebras (área Civil), la doctora Toledo, interpusiera de imprevisto una medida de quiebra preventiva acompañada por una orden de «no innovar». Esta resolución impide que el banco libere el dinero para cumplir con el fuero laboral de los damnificados.
Denuncias de presunta «mala intención» y manejos ilegales
Desde la vocería de los ex trabajadores apuntaron directamente a la existencia de un trasfondo político y judicial orientado a dilatar el pago. «Lo que más llama la atención es que puso la medida restrictiva para el dinero del banco, pero no para los camiones, máquinas o el edificio de la fábrica, los cuales se vendieron sin inconvenientes», argumentó Pozo.
A su vez, el referente gremial expuso un presunto hecho de nepotismo ocurrido durante las rotaciones de los magistrados temporales en la causa. Según sus declaraciones, una jueza provisoria habría designado de forma ilegal a su propio padre como síndico de la quiebra antes de tomarse licencia para concursar por el cargo. Los trabajadores alegan que dicho profesional busca ahora cobrar honorarios por tareas que, según denuncian, jamás llevó a cabo dentro del expediente.
Situación de vulnerabilidad extrema
El retraso en la ejecución del fallo ha generado consecuencias críticas para las familias afectadas. Los voceros alertaron sobre la dramática situación de un compañero que quedó en situación de calle y debió ser asistido en un asilo de ancianos tras perder el sustento diario.
Los manifestantes adelantaron que las medidas de fuerza continuarán por tiempo indeterminado en Chilecito y que, en caso de no obtener una audiencia y solución inmediata por parte de las autoridades competentes —haciendo mención a la funcionaria Karina Gómez—, llevarán el reclamo hacia la prensa y los medios de comunicación a nivel nacional. «Queremos la justicia social que muchos se llenan la boca diciendo. Queremos dignidad para nuestras familias«, concluyeron.
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