La abogada Estela Ponce, coordinadora del dispositivo Nueva Vida —dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familias—, analizó los alcances y las consecuencias de la implementación del nuevo régimen penal juvenil. Durante una entrevista, advirtió sobre el impacto emocional que sufren los adolescentes al ingresar al sistema judicial y cuestionó la efectividad de la medida frente a la problemática de la seguridad.
Principales puntos de la entrevista:
- Un enfoque social y preventivo: El dispositivo interviene bajo mandatos judiciales o derivaciones preventivas cuando se detectan faltas o transgresiones en ámbitos educativos y domésticos con menores inimputables y punibles.
- Trabajo interdisciplinario: El equipo cuenta con profesionales de salud mental, trabajo social, psicopedagogía y operadores territoriales que supervisan el cumplimiento de las medidas y la inclusión socioeducativa de los jóvenes.
- Cuestionamiento al nuevo régimen: Ponce sostuvo que la ley actual fue impulsada en un contexto de descontento social y remarcó que la delincuencia juvenil representa un porcentaje mínimo que no incide de forma directa en los índices generales de inseguridad.
- Impacto en los adolescentes: La coordinadora alertó sobre la angustia y el impacto negativo que genera en un joven de 14 años quedar sometido a un proceso penal por conflictos menores —como peleas escolares—, lo que puede perjudicar su rendimiento académico y su futuro.
- Búsqueda de resolución escolar: Desde el área destacaron la necesidad de fortalecer las mesas de trabajo con las escuelas para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo institucional antes de judicializar a los estudiantes.
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