El gobierno de Javier Milei analiza modificar su estrategia institucional respecto de la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora considera postergar la designación de nuevos jueces hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, en un giro político que refleja las dificultades que ha tenido para reunir consenso en el Senado.
La posibilidad de retrasar la ampliación del máximo tribunal surge tras meses de negociaciones sin resultados concretos para cubrir las vacantes existentes y frente a un escenario legislativo complejo, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.
Un cambio de estrategia en la Casa Rosada
Desde el inicio de la gestión libertaria, el Ejecutivo impulsó la idea de completar la Corte Suprema, que actualmente funciona con menos miembros de los previstos históricamente. Sin embargo, las tensiones políticas con la oposición y la fragmentación del Congreso dificultaron avanzar con los nombramientos.
Ante esa situación, en la Casa Rosada comenzaron a evaluar que insistir con la designación de jueces en el corto plazo podría generar un costo político innecesario, especialmente en un contexto de reformas económicas y disputas legislativas en curso.
La alternativa que gana fuerza dentro del Gobierno consiste en esperar un nuevo equilibrio político después de 2027, cuando se renueve la presidencia y el Congreso, lo que podría ofrecer mejores condiciones para negociar acuerdos institucionales.
Las vacantes que siguen sin resolverse
El debate sobre la Corte Suprema se reactivó en 2024 cuando el Ejecutivo propuso candidatos para ocupar los cargos disponibles. Entre los nombres que circularon en ese momento estuvo el del juez federal Ariel Lijo, cuya eventual designación generó fuertes discusiones en el ámbito político y judicial.
También apareció el jurista Manuel García-Mansilla como posible integrante del tribunal, lo que provocó un intenso debate en el Senado y en el ámbito académico sobre el perfil ideológico y jurídico de los candidatos.
Sin embargo, las propuestas no lograron reunir el respaldo necesario en la cámara alta, donde se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos para aprobar el nombramiento de un juez de la Corte Suprema.
El Senado, el principal obstáculo
El oficialismo enfrenta un panorama legislativo complejo en el Senado de la Nación Argentina, donde la oposición peronista y otros bloques provinciales mantienen una posición decisiva.
Sin un acuerdo amplio entre las principales fuerzas políticas, el Gobierno tiene pocas posibilidades de alcanzar el número de votos necesario para confirmar nuevos magistrados. Este escenario explica por qué algunos funcionarios comenzaron a considerar que la estrategia más pragmática es posponer el tema hasta que cambie la composición del Congreso.
Una Corte reducida pero operativa
Actualmente la Corte Suprema continúa funcionando con una estructura reducida, lo que no impide su funcionamiento institucional, aunque sí aumenta la carga de trabajo de los magistrados que integran el tribunal.
Entre los jueces que actualmente componen el máximo órgano judicial se encuentran:
- Horacio Rosatti
- Carlos Rosenkrantz
- Ricardo Lorenzetti
La posibilidad de que el tribunal continúe con esta integración por varios años más refleja la dificultad histórica que tienen los gobiernos argentinos para construir consensos políticos en torno a la justicia.
Impacto político y cálculo electoral
La decisión de postergar la discusión también responde a un cálculo político más amplio del oficialismo. En el entorno presidencial consideran que la prioridad del Gobierno debe centrarse en la agenda económica y en consolidar su base electoral antes de abrir nuevos frentes de conflicto institucional.
Además, la eventual composición de la Corte Suprema suele tener implicancias a largo plazo en materia constitucional, regulatoria y política, por lo que el Gobierno busca evitar que una designación apresurada genere un nuevo foco de confrontación con la oposición.
De confirmarse esta estrategia, la integración completa del máximo tribunal podría quedar pendiente hasta el próximo ciclo político posterior a 2027, lo que marcaría un cambio significativo respecto a las intenciones iniciales del Ejecutivo.
About The Author
