La diputada nacional Marcela Pagano amplió una denuncia judicial que apunta contra altos funcionarios del Gobierno nacional y el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por supuestos hechos de corrupción, administración fraudulenta, peculado y abuso de autoridad en la residencia oficial de Olivos.
Según la presentación judicial, el Ejecutivo habría utilizado a un jubilado de un barrio carenciado para inscribirlo como proveedor fantasma del Estado, a cuyo nombre se habrían facturado más de 600 millones de pesos. Asimismo, la denuncia expone compras presuntamente sobrefacturadas e injustificadas, como carritos de golf eléctricos de la firma Melex y gastos desmedidos en aromatizadores de ambiente.
El escándalo escala tras la reciente decisión del presidente Javier Milei de desplazar a todo el personal civil de la Quinta de Olivos —bajo el argumento oficial de reforzar la seguridad ante la visita del papa León XIV y la inseguridad global—, una medida que para la oposición y la denunciante busca «disimular los curros con los proveedores y el afano de mercadería», además de apartar a testigos clave.
La investigación judicial también pone la lupa sobre la subsecretaria general de la Presidencia, Belén Agudiez, a quien acusa de nombrar familiares en puestos clave. Entre ellos se señala a su primo y exintendente de la residencia, Javier Sosa, y a la pareja de este (hermana de la funcionaria), vinculada a una empresa de catering. La hipótesis central de la denuncia es que los volúmenes desproporcionados de alimentos de calidad premium adquiridos con fondos públicos —incluyendo toneladas de carne y más de 150 kilos diarios de frutas y verduras— no se consumían en la residencia, sino que eran desviados hacia emprendimientos gastronómicos privados.
Ante este panorama, la diputada solicitó a la Justicia medidas urgentes de preservación de pruebas, resguardo de registros informáticos, filmaciones de seguridad y un inventario judicial en los depósitos de la quinta presidencial.
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