La Rioja. – Miembros de la Comisión Electoral surgida de la asamblea de autoconvocados del pasado 28 de mayo denunciaron públicamente una serie de irregularidades institucionales por parte de las autoridades actuales del Consejo Profesional de Ciencias Políticas, quienes mantienen su mandato vencido.
Fátima Casulli, integrante de la Comisión Electoral, expuso ante los medios la falta de cooperación de la actual conducción del Consejo. Según detalló, el pasado 16 de junio se intentó presentar una nota formal dirigida al presidente de la comisión con mandato vencido, la cual fue rechazada y no quisieron recepcionar.
A raíz de esta situación, Casulli alertó sobre un grave «ocultamiento de información», señalando que hasta la fecha no han podido acceder a un padrón electoral actualizado. Para llevar adelante el proceso, los profesionales se han visto obligados a guiarse por un padrón que data del año 2019, la única información pública disponible hasta el momento.
A pesar de los obstáculos y la falta de respuestas, Casulli enfatizó que el proceso electoral se está desarrollando bajo un marco de estricta legalidad y legitimidad, respetando de manera rigurosa todos los plazos y etapas exigidos por la Ley Provincial N° 9008. La convocatoria y sus plazos han sido difundidos activamente a través de medios de comunicación virtuales, gráficos y en las carteleras del Colegio de Escribanos para asegurar la máxima participación de los matriculados.
Finalmente, para dotar de una mayor transparencia a la jornada de votación, la Comisión Electoral presentó un requerimiento formal ante la presidenta del Tribunal Electoral Provincial, Dra. Gabriela Así, con el objetivo de contar con un veedor oficial que supervise y certifique la legitimidad de los comicios.
Judicializan el Consejo Profesional de Politólogos de La Rioja y suspenden elecciones por acefalía
Politólogos autoconvocados impulsaron un amparo judicial ante el vencimiento de mandatos que data desde el año 2020. Buscan transparentar y regularizar la institución tras más de seis años de irregularidades.
LA RIOJA. El Consejo Profesional de Politólogos de la provincia atraviesa una profunda crisis institucional que ha derivado en la intervención de la Justicia. En una reciente conferencia de prensa, la abogada representante de los profesionales autoconvocados anunció el acogimiento formal a una medida cautelar dictada por una jueza local, la cual frenó el último llamado a elecciones impulsado por las autoridades salientes por considerarlo ilegítimo.
De acuerdo con las declaraciones de los voceros, no se trata de una mera suspensión temporal, sino de un acto procesal de derecho para dar lugar a una regularización profunda de la entidad. Denuncian que la comisión directiva actual tiene el mandato groseramente cumplido y vencido desde el 19 de febrero de 2020, lo que vuelve nulas y perjudiciales todas las acciones administrativas que intentaron llevar a cabo en el último tiempo.
Una institución acéfala y sin padrones claros
«A partir de este momento la institución se encuentra acéfala hasta tanto la orden judicial dicte los parámetros a seguir de acuerdo con la Ley Provincial N° 9080», detalló la abogada defensora. Al no haber un consenso entre las partes, será la Justicia la encargada de fijar un cronograma electoral limpio, que incluya la presentación formal de listas y la entrega obligatoria de la documentación institucional.
Uno de los principales reclamos radica en la retención de los padrones por parte de las autoridades con mandato vencido. Según estimaciones de los autoconvocados, el padrón oficial del año 2019 registraba a 72 profesionales y se calcula que en la actualidad existen alrededor de 85 politólogos matriculados en toda la provincia. No obstante, advierten que debido al parón institucional de más de seis años, decenas de nuevos graduados universitarios en La Rioja se han visto imposibilitados de tramitar su matrícula.
Con la mirada puesta en la Lista 7
A pesar del conflicto, los profesionales autoconvocados —agrupados de cara al futuro bajo la «Lista 7″— aseguraron que la intención no es generar rivalidades internas sino «transparentar y jerarquizar» una profesión vital para los procesos políticos locales. «Queremos dar el ejemplo de probidad y profesionalismo en la provincia», manifestó uno de los politólogos presentes.
Los plazos y los siguientes pasos procesales quedarán bajo la estricta tutela del juzgado interviniente. Los autoconvocados se mostraron optimistas debido a la celeridad de la resolución judicial (que se expidió a las 48 horas de presentado el amparo) e hicieron un llamado abierto a todos los colegas de la provincia a sumarse al proceso de normalización institucional tan pronto como la jueza dictamine el nuevo rumbo de la entidad.
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