En tiempos donde el debate público parece reducirse a la violencia de un clip de 20 segundos o al insulto en redes sociales, vale la pena detenerse a pensar hacia dónde nos lleva este proyecto de país. Lo que vivimos hoy bajo la administración de Javier Milei no es simplemente una «emocionalidad intensa» o un desorden provocado por la crisis. Hay, detrás, una planificación. Como una suerte de «ilustración oscura», una lógica que desconfía de la democracia liberal, que ve en los controles institucionales un estorbo para la libertad individual —entendida, claro está, como la libertad del más fuerte— y que administra el Estado como si fuera una empresa cuyo único fin es la rentabilidad, olvidándose de que la política, en esencia, debe ser una herramienta para garantizar dignidad y bienestar.
Lo que observamos es un gobierno que ha logrado estabilizar el tipo de cambio, sí, pero a un costo altísimo: una recesión industrial, una pérdida de competitividad que asfixia a la producción nacional y una burbuja de «dólar barato» que solo beneficia a un sector minúsculo, mientras la clase media y los trabajadores ven cómo su poder adquisitivo se erosiona día tras día. Cuando el discurso oficial se basa en fracturar a la sociedad, en estigmatizar al que piensa distinto y en convertir al adversario en un enemigo, la democracia se vuelve ingobernable. La política argentina, lejos de buscar los consensos necesarios para el desarrollo, ha entrado en una dinámica centrífuga donde priman el ego, la vanidad y un resentimiento validado desde lo más alto del poder.
En este complejo mapa nacional, La Rioja nos ofrece un contraste absoluto. Mientras la Casa Rosada insiste en el «no hay plata» y en un ajuste despiadado que desarticula cualquier tejido social, el gobierno peronista de Ricardo Quintela en La Rioja ha tomado un camino diametralmente opuesto. Recientemente, en una decisión que desafía el ahogo financiero impuesto por la Nación, la provincia anunció un nuevo aumento salarial para sus trabajadores públicos.
Este gesto no es una ingenuidad administrativa; es una apuesta política. Es el reconocimiento de que, frente a la desidia del mercado, el Estado tiene un rol indelegable como garante de la paz social y la dignidad de las familias. Mientras Milei busca desmantelar la capacidad de intervención del Estado bajo una lógica darwinista, donde cada uno se salva como puede, en La Rioja se prioriza la protección del ingreso para evitar que la crisis se transforme en una tragedia humanitaria. Es la contraposición exacta de dos modelos de país: uno que se regodea en el cierre de fábricas y el despido, y otro que intenta, con los recursos que tiene y a pesar de la asfixia nacional, sostener la estructura básica que permite que una comunidad siga en pie.
La gran pregunta es cuánto más puede sostenerse esta tensión. La política tiene que reaccionar, tiene que bajar un cambio y recuperar la razón como herramienta de construcción. Si la dirigencia no entiende que la violencia verbal es la antesala de la degradación física y que el «sálvese quien pueda» conduce inevitablemente a una sociedad fracturada, la historia nos cobrará la factura. Necesitamos una derecha lúcida, pero también un progresismo que arriesgue su capital político para volver a poner el foco en la producción, en la redistribución y, sobre todo, en la justicia social. Sin diálogo, sin puentes, no hay futuro posible. La Argentina merece una racionalidad que hoy, lamentablemente, parece estar ausente en el centro del poder.
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