En una entrevista concedida a Medios Provincia, la jueza de Instrucción y Correccional N.º 1 de la Capital, María Cecilia Córdoba, quien se desempeña como jueza de instrucción durante la feria judicial, analizó el proyecto de ley penal juvenil que será presentado en los próximos días en el Congreso de la Nación y explicó cómo funciona la legislación vigente en la Argentina y en la provincia de La Rioja.
Consultada por el periodista Gabriel Miranday sobre la iniciativa legislativa que propone endurecer penas y, especialmente, bajar la edad de imputabilidad a 12 o 13 años, la magistrada comenzó por contextualizar el régimen normativo actual. Señaló que en el país rige la Ley Nacional 22.278, conocida como ley penal de la minoridad, que habilita a los jueces a disponer medidas tutelares y sanciones respecto de menores que cometen hechos ilícitos, en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución.
Córdoba explicó que el sistema distingue entre menores imputables, que son aquellos de entre 16 y 18 años, y menores no imputables, menores de 16. Para los primeros, el Código Penal y el Código Procesal Penal prevén sanciones y procedimientos específicos; mientras que para los segundos se aplican medidas de seguridad, siempre bajo un régimen diferenciado del de los adultos.
En ese marco, la jueza evitó pronunciarse a favor o en contra de una eventual modificación de la edad de imputabilidad, aclarando que, por su rol institucional, no puede adelantar opinión sobre proyectos legislativos. No obstante, remarcó que las herramientas legales actuales le han permitido intervenir y sancionar hechos delictivos cometidos por menores en La Rioja, sin necesidad de una reforma normativa. Como ejemplo, mencionó causas recientes vinculadas a infracciones al artículo 193 bis del Código Penal, relacionadas con delitos cometidos con motocicletas, en las que se dispusieron detenciones de jóvenes de 16 y 17 años.
Al ser consultada sobre cómo se procede ante delitos graves, como homicidios cometidos por adolescentes, Córdoba explicó que la Ley 22.278 es aplicable a delitos cuya pena supera los dos años de prisión. En esos casos, incluso si el autor tiene menos de 16 años, se dispone la detención y se sigue el procedimiento correspondiente, respetando siempre las particularidades del régimen juvenil. Para los menores de 14 o 15 años, se aplican medidas de seguridad, con el objetivo central de evitar su alojamiento junto a adultos, tal como exigen las normas nacionales e internacionales.
En ese sentido, destacó que en La Rioja los menores de entre 16 y 18 años son alojados en la Unidad de Asuntos Juveniles, y no en la alcaidía común, garantizando un tratamiento diferenciado. Además, subrayó que en las indagatorias intervienen la asesora de menores, los representantes legales del adolescente y los defensores, aplicándose el régimen procesal ordinario con adecuaciones propias de la minoridad.
Respecto a comparaciones con otros países, como Estados Unidos, donde en algunos estados se juzga a niños como adultos, la magistrada fue tajante: sostuvo que se trata de sistemas jurídicos completamente distintos, y recordó que Argentina está sujeta a tratados internacionales que prohíben prácticas como la pena de muerte o la prisión perpetua para menores. Incluso mencionó el conocido “caso Mendoza”, que motivó reformas y debates en torno a la aplicación de penas a adolescentes.
En cuanto a la realidad provincial, Córdoba informó que actualmente en La Rioja hay cinco menores detenidos bajo modalidad domiciliaria y uno excarcelado, todos ellos menores de 18 años, y aclaró que no existen detenidos menores de 16.
Durante la entrevista también se abordó la implementación del sistema procesal penal acusatorio en La Rioja. La jueza valoró positivamente el cambio, al que calificó como una decisión política relevante del gobierno provincial, y aseguró que traerá mayor celeridad y eficiencia al proceso penal. Indicó que la ley comenzará a regir este año y que ya se realizaron capacitaciones para operadores judiciales y fuerzas de seguridad.
Finalmente, Córdoba se refirió a su activa participación en procedimientos judiciales durante los últimos meses, explicando que ello respondió a su rol durante la feria judicial y a la dinámica propia del trabajo de los jueces de instrucción, quienes cumplen turnos permanentes y permanecen disponibles las 24 horas. Aprovechó para destacar el trabajo conjunto de jueces, fiscales, defensores y fuerzas de seguridad, y afirmó que la justicia riojana mantiene una actividad constante, aunque muchas veces poco visible para la sociedad.
La entrevista dejó en claro que el debate sobre la ley penal juvenil vuelve a instalarse con fuerza, pero también que, desde la mirada judicial, el sistema vigente ya cuenta con mecanismos para abordar delitos cometidos por menores, dentro de un marco constitucional y de derechos humanos.

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