El vicerrector de la Universidad Nacional de La Rioja defendió los cambios aprobados por la Asamblea Soberana, rechazó las acusaciones de la oposición sobre una presunta perpetuación en el cargo y detalló los pasos administrativos pendientes ante el Ministerio de Capital Humano.
LA RIOJA.— La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) se encuentra en un proceso de profunda reestructuración tras la aprobación de la reforma de su Estatuto Universitario, una iniciativa en la que la actual gestión venía trabajando desde hace un año y medio. En diálogo con Medios Provincia, el vicerrector de la institución (acompañado en la conducción por la rectora, Dra. Natalia) detalló los principales ejes del nuevo texto normativo y respondió a las críticas de los sectores opositores.
Extensión de mandatos a cuatro años
Uno de los cambios más significativos del nuevo estatuto, que reemplaza al vigente desde 2017, es la extensión de los mandatos de tres a cuatro años para todas las autoridades superiores y órganos de gobierno, incluyendo al rector, vicerrector, decanos de departamento, directores de carrera, consejeros departamentales y consiliares del Consejo Superior.
Según explicó la autoridad universitaria, la medida busca principalmente «bajar los costos que significa un periodo electoral». Hasta la fecha, de las 62 universidades públicas del país, solo tres mantenían la modalidad de mandatos de tres años (entre ellas la UNLaR y la Universidad Nacional de Salta), por lo que este cambio alinea a la institución riojana con la planificación y los calendarios del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Cruces con la oposición y «foja cero» electoral
Ante las acusaciones públicas de sectores de la oposición que señalan que la reforma busca la perpetuación de la actual fórmula rectoral, el vicerrector fue tajante: «Es una falacia total». La autoridad argumentó que los mecanismos de reelección ya existían en el estatuto anterior y que, al modificarse la Carta Magna de la universidad, los parámetros electorales se reinician bajo las nuevas condiciones normativas.
«Nuestra gestión actual finaliza en diciembre de 2027», aclaró, señalando que el próximo año se pondrán a consideración de la comunidad universitaria en los comicios para definir si continúan por un nuevo período de cuatro años bajo el nuevo marco estatutario.
Asimismo, expresó su sorpresa por la postura de referentes de la oposición (mencionando el espacio ‘Gesto’ liderado por Mercedes Cáceres), criticando que sus representantes en los comisionados y en el Consejo Superior votaran a favor de las reformas durante las comisiones previas, pero manifestaran un voto negativo al momento de tratarse en la Asamblea.
Modernización y derechos estamentales
El vicerrector enfatizó que la reforma busca dar «flexibilización» y dinamismo a una estructura que arrastraba ordenanzas desactualizadas desde el año 2011. Al mismo tiempo, llevó tranquilidad a la comunidad educativa al confirmar que la representatividad de los distintos estamentos no sufrió modificaciones: «Hemos sido muy respetuosos de ese gran trabajo que se hizo en su momento y con todos los derechos ganados por nuestros docentes, no docentes y principalmente los estudiantes». De este modo, los alumnos mantienen su histórica conquista del 30% de representación en los órganos de gobierno tras las tomas universitarias pasadas.
Por otra parte, reconoció la necesidad de reforzar la comunicación institucional respecto al contenido estatutario hacia los alumnos ingresantes, tras la viralización de contenidos en redes sociales que evidenciaban el desconocimiento de algunos estudiantes sobre la reforma.
Próximos pasos administrativos
Pese a haber sido aprobada por la Asamblea, la reforma del estatuto aún no se encuentra formalmente en vigencia. El proyecto ya fue encomendado a la rectora para su remisión al Ministerio de Capital Humano de la Nación.
La cartera nacional dispone de un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para analizar el texto, formular observaciones en caso de detectar contradicciones con la Ley de Educación Superior, o bien dar el visto bueno definitivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
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