El Gobierno provincial oficializó la promulgación de la Ley N° 10.906 —a través del Decreto N° 1.569— que modifica el artículo 25 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial. La medida, impulsada por el Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, establece la extinción de la estabilidad laboral para aquellos agentes que ya reúnan los requisitos exigidos por la Ley Nacional N° 24.241 para acceder al beneficio jubilatorio.
Claves de la nueva normativa
- Intimación perentoria: Los agentes en condiciones de jubilarse serán notificados formalmente y tendrán un plazo improrrogable de diez días corridos para iniciar sus trámites previsionales. A la par, las reparticiones públicas estarán obligadas a entregar rápidamente las certificaciones de servicio y antecedentes laborales.
- Suspensión de la «Quincenita»: Si transcurrido el plazo de diez días el empleado no acredita el inicio de la gestión, el Estado provincial suspenderá de manera automática el pago del adicional fijado por el Decreto N° 880/07. El cobro solo se reanudará una vez que se presente la constancia formal ante el organismo previsional.
- Plazos de transición y baja definitiva: El personal intimado continuará prestando servicios por un máximo de tres meses o hasta que se otorgue de manera efectiva el beneficio jubilatorio, momento en el cual se producirá la baja definitiva del escalafón.
- Desvinculación directa: Si pasan los tres meses sin que el agente haya iniciado el trámite —y no existen causas de demora imputables al organismo que justifiquen la situación—, se procederá a su desvinculación directa del Estado.
Contexto fiscal y objetivos de la medida
La reglamentación de esta ley responde a la compleja situación financiera que atraviesa la administración provincial, marcada por la interrupción de los giros discrecionales por parte del Gobierno nacional y una ajustada administración del circulante que incluyó la emisión de bonos BOCADE.
Desde el Ministerio de Hacienda se apunta a reducir la nómina activa y contener el impacto del gasto en personal. El objetivo central es trasladar la carga económica mensual del pago de haberes al sistema previsional federal (ANSES), logrando así un recorte en conceptos no remunerativos, suplementos por antigüedad y adicionales específicos dentro de las cuentas públicas.
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