La historia de las provincias argentinas está escrita, en buena parte, por una deuda pendiente: la coparticipación. Y cuando esa deuda se traduce en platos vacíos sobre las mesas de once mil familias, el asunto deja de ser contable para convertirse en moral, en humanidad, en urgencia de la más elemental.
Hace dos años y diez meses, la provincia de La Rioja no recibe un solo peso por compensación del fondo coparticipable perdido en 1988. Un compromiso que gobiernos de distintas índoles políticas respetaron durante décadas, hoy se ha evaporado. Al hablar de la provincia de La Rioja, se trata de una de las jurisdicciones más castigadas del país, en la que el Estado nacional redujo además del 90% al 25% el financiamiento de los comedores escolares. El resultado es escandaloso: 245 comedores cerrados y 13.000 niños que, en el mejor de los casos, almuerzan a las cuatro de la tarde, cuando regresan de las escuelas rurales a sus hogares.
Ante este panorama, la Legislatura provincial no se quedó de brazos cruzados. El Bloque Justicialista impulsó un proyecto de ley que, con apenas nueve artículos, pretende hacer lo que puede una provincia ahogada: autofinanciarse el alivio. La iniciativa establece un aporte extraordinario —de apenas cuatro meses, septiembre a diciembre— sobre las empresas que facturan más de 2.000 millones de pesos mensuales. ¿Cuántas son? No más de 29. Veintinueve empresas que, según sus propios números, no son las que más sufren. Un esfuerzo acotado, temporal y progresivo, destinado a financiar el Fondo Solidario de Gestión Alimentaria y el programa alimentario provincial.
La lección que deja este episodio es doble. Primera: cuando la Nación abandona, los gobiernos locales deben inventar. No hay otra. La política provincial, en este caso, asume su responsabilidad histórica y no se esconde detrás del déficit federal para justificar el abandono de los más vulnerables. Segunda: el federalismo argentino vive una crisis estructural. No puede ser que el desfinanciamiento deliberado de una provincia —asfixiarla hasta reducirla a pagar sueldos, nada más— se convierta en instrumento de disputa política. Detrás de cada decisión presupuestaria hay personas concretas, con nombres y apellidos, con hambre real.
El hambre de los chicos no puede esperar ni un día.
El hambre de los chicos no puede esperar ni un día. Esta frase, pronunciada en el recinto legislativo, debería inscribirse como epitafio de toda excusa burocrática. La Rioja demuestra que, incluso en la adversidad, es posible legislar con el corazón y con la mirada puesta en lo humano. Que las decisiones sean difíciles no significa que sean injustas; todo lo contrario.
El verdadero desafío comienza ahora: sostener estos programas, exigir lo que federalmente corresponde y construir un país donde ninguna provincia deba elegir entre equilibrio fiscal y un plato de comida para sus niños. Porque un Estado que no alimenta a su gente, tarde o temprano, deja de ser Estado.
Queda la esperanza, esa que nace en las aulas rurales y en los comedores que vuelven a abrirse, de que algún día el federalismo deje de ser un discurso y se convierta, por fin, en una realidad compartida.
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