Hay sentencias que pesan tanto como su tinta. Y hay otras que, antes de ser leídas, deben ser medidas: mil seiscientos dieciséis folios por ambas caras, dijo el abogado Javier Borrego en una conferencia de prensa en Buenos Aires, para condenar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta. Un documento monumental, cuya trama, según su defensa, descansa sobre una cifra demoledora: el 0,83 por ciento.
Ese es, según un informe elaborado por economistas brasileños a partir de datos oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad, el porcentaje de los fondos del fideicomiso vial que habría recibido el empresario Lázaro Báez, supuestamente beneficiado por un decreto firmado por Fernández de Kirchner en 2009. De más de 2.000 millones de dólares invertidos entre ese año y 2015, apenas 18 millones habrían ido a las empresas del grupo Austral. La primera beneficiaria del ranking, afirman los abogados, era una firma vinculada a un primo del entonces presidente opositor Mauricio Macri.
La primera beneficiaria del ranking, afirman los abogados, era una firma vinculada a un primo del entonces presidente opositor Mauricio Macri.
Estos números provienen, irónicamente, de un testimonio ofrecido por la propia fiscalía en la llamada «causa de los cuadernos», otro expediente contra la expresidenta. Una planilla de cálculo de casi ochenta columnas, explicada ante el tribunal por un técnico de Vialidad, sería ahora la prueba que la defensa llevará al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la base de un recurso de revisión ante la justicia argentina, que contempla expresamente la aparición de prueba nueva.
La ironía del hallazgo no puede pasarse por alto: la fiscalía, mientras construía una causa, habría desarmado otra.
Es tentador, en estos casos, tomar partido por el tono. La conferencia de prensa abundó en metáforas cervantinas: molinos de viento confundidos con gigantes, un Quijote «de locos» escrito por imitadores penosos. Pero la sustancia, si los datos se sostienen, trasciende cualquier retórica. Un tribunal condenó a una expresidenta sobre la base de que un decreto fue dictado para favorecer a un empresario. Si las cifras oficiales muestran que ese empresario recibió menos del uno por ciento y que los grandes destinatarios no tenían vínculo alguno con su gobierno, entonces el fundamento fáctico de la condena se colapsa. No se trata de una interpretación jurídica discutible: son datos.
También es cierto lo que el tribunal advirtió y la defensa elude: la condena no se basó solo en ese decreto, y otras causas, como la de los hoteles Hotesur y Los Sauces, examinan vínculos comerciales que este informe no resuelve. El sistema judicial argentino tendrá, si el recurso prospera, la oportunidad —y la obligación— de confrontar esa prueba con el rigor que exige el estado de derecho, sin la presión de los titulares.
Pero ahí reside el punto esencial, válido más allá de Argentina: en una democracia, la justicia penal no puede ser instrumento de la política ni, peor aún, de su rencor. Cuando una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua parece descansar sobre una atribución de intenciones que los números contradice, la carga de la explicación recae sobre los jueces, no sobre la condenada.
Fernández de Kirchner sigue presa, mientras sus abogados apuestan a una definición del Comité de Ginebra y a la revisión judicial. Lo que esté en juego no es el destino de una militante, sino la credibilidad de una justicia. Y esa credibilidad no se recupera con mil seiscientos dieciséis folios, sino con la disposición honesta de mirar los datos, aunque esos datos incomoden.
Porque por más que sean molinos de viento o gigantes: tarde o temprano, los números siempre hablan.
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