Comenzamos la jornada poniendo la lupa sobre una situación crítica, un tema del que mucho se habla en voz baja, pero que ya resulta imposible de disimular. Nos referimos a la crisis profunda que atraviesa el PAMI, la obra social más grande de América Latina y el pilar fundamental en la atención médica de más de cinco millones y medio de jubilados y pensionados en toda la Argentina.
En los últimos días, analistas periodísticos de enorme trayectoria —como Pancho Olivera, entre muchos otros— advirtieron sobre una verdadera «bomba de tiempo» que está a punto de estallar en la institución. Y no se trata de una metáfora abstracta: es una realidad dramática que golpea de lleno la calidad de vida de nuestros adultos mayores.
Los síntomas del colapso se multiplican en cada rincón del mapa nacional. Lo vimos en el interior con clínicas y sanatorios privados que dan de baja sus convenios porque, francamente, las cuentas no les cierran; lo vemos en la falta de médicos de cabecera en localidades bonaerenses, en las demoras de meses para conseguir un turno indispensable, en los recortes en áreas sensibles como los centros de diálisis y en las multitudinarias protestas de jubilados en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Neuquén y Río Negro. La tensión es tan extrema que, incluso en La Rioja, la crisis provocó sacudones políticos directos: ayer mismo se conoció la renuncia del titular de la filial local, Amado Omar Menem.
Detrás de este panorama desolador subyace una lógica económica implacable. Para sostener el déficit cero y exhibir el superávit fiscal como el gran logro de la gestión, la cobija se achicó por el lado más sensible. La eliminación de recursos clave, sumada a un aporte del Tesoro que apenas cubre la mitad de lo que antes se destina, ha dejado al sistema de salud pública sin margen de maniobra. En una reunión cruenta entre el Ministerio de Salud y la cartera de Economía, la respuesta desde las arcas centrales fue lapidaria: «No hay plata«, porque otorgar los fondos que el PAMI necesita para funcionar mínimamente bien implicaría comerse todo el superávit financiero.
A esto se le suma una evidente falla en la gestión diaria. Voces dentro de la propia obra social señalan desmanejos en las prioridades del gasto y un descontrol en el costo de los medicamentos, insumos que han aumentado ostensiblemente por encima de la inflación general.
Aquí es donde se evidencian las contradicciones de este modelo: el equilibrio fiscal, si bien busca contener la variable inflacionaria, está dejando en el camino un costo social gigantesco. Se protegen ciertas exenciones financieras, pero se desfinancia la salud de quienes trabajaron toda su vida.
El sector de los jubilados vuelve a ser, trágicamente, el más castigado de la Argentina. Entre la pérdida del poder adquisitivo, el congelamiento de bonos y la represión a sus protestas, ahora se le suma la incertidumbre de no saber si mañana tendrán un médico o un remedio disponible. Ojalá el gobierno comprenda a tiempo que un número en verde no justifica el abandono de nuestros mayores.
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