Esta semana el Gobierno nacional desplegó una batería de anuncios que buscan reanimar una economía real que, según reconocen los propios funcionarios en privado, está prácticamente estancada. El ministro Luis Caputo presentó nuevos créditos hipotecarios a tasa UVA + 7,5%, con un tope de 200.000 dólares, destinados a familias de clase media que ganen entre tres y cinco millones de pesos. El plan promete alcanzar a 18.000 familias, una cifra que apenas empareja la caída del 30% que sufrieron los créditos hipotecarios este año: si en 2024 se otorgaron unos 45.000 préstamos, en 2025 la proyección bajaba a 30.000, y este nuevo esquema busca compensar esa diferencia.
El contraste es incómodo: mientras a los ciudadanos comunes se les ofrece UVA + 7,5%, funcionarios del propio equipo económico —como el secretario de Finanzas Federico Furiase— accedieron el año pasado a préstamos de hasta 400.000 dólares a UVA + 4,5%, prácticamente la mitad de tasa, para segundas y hasta terceras viviendas.
En paralelo, el Gobierno negocia relajar el techo salarial para garantizar un piso de un millón de pesos brutos en los convenios colectivos —unos 850.000 netos—, aunque los datos muestran que casi ningún convenio está hoy por debajo de ese piso. La medida, más simbólica que efectiva, no revierte el deterioro de fondo: en el último año los salarios privados subieron 29,6% contra una inflación del 34%, y en el primer semestre de este año la brecha fue aún mayor, con precios subiendo 19,3% frente a un 14,5% de recomposición salarial.
Aquí es donde conviene detenerse y mirar lo que ocurre puertas adentro de La Rioja. En conversaciones con intendentes de distintos puntos de la provincia surge un diagnóstico compartido: la morosidad de las tasas municipales creció al mismo ritmo que cayó la actividad económica, y con ella la coparticipación de impuestos provinciales producto de la recesión. Los municipios riojanos enfrentan hoy la paradoja de tener que sostener —e incluso ampliar— servicios esenciales, desde el combustible de los patrulleros hasta el armado de policías comunales, con una recaudación cada vez más flaca. Esa tensión entre gastos que no bajan y recursos que se achican es, en pequeña escala, el mismo dilema que enfrenta la Nación con el FMI.
De los 17 países latinoamericanos con acuerdos vigentes con el Fondo Monetario, solo cuatro —Argentina, Ecuador, El Salvador y Honduras— están sujetos a condicionalidad activa, y Argentina es, por lejos, el más endeudado de ese grupo. Esa deuda es, además, la primera que el Estado nacional se compromete a pagar, por delante de cualquier acreedor privado, lo que explica en parte por qué el riesgo país no cede pese a los anuncios.
Los analistas privados ya recortaron su expectativa de crecimiento para 2026 a un promedio del 2%, muy lejos del 3,5% que se proyectaba en enero. Para una provincia como La Rioja, dependiente en gran medida de las transferencias nacionales y de una coparticipación que se contrae, el mensaje es claro: los anuncios de Buenos Aires rara vez alcanzan para tapar el agujero que se abre en el territorio de las provincias y municipios.
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