Guillermo Galván, exviceintendente de la capital riojana, advirtió sobre las irregularidades de la medida implementada por la gestión de Ricardo Quintela. Denuncia que se trata de un sistema informal de pago que afecta los salarios, carece de aportes previsionales y sienta un peligroso antecedente económico.
LA RIOJA — En el marco de la implementación del bono de cancelación de deuda conocido popularmente como “El Chacho”, dirigentes políticos de la oposición en La Rioja alzaron la voz y confirmaron que presentarán un recurso de amparo judicial para solicitar su inconstitucionalidad. La medida, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, contempla abonar parte de los haberes a empleados estatales mediante esta cuasimoneda.
En entrevistas radiales con el programa #Gasulla1079 de El Observador 107.9, el exviceintendente de la ciudad de La Rioja, Guillermo Galván, criticó con dureza el instrumento financiero y alertó sobre las deficiencias administrativas y legales que conlleva su emisión.
Puntos clave de la controversia
- Inconstitucionalidad y afectación salarial: Según expuso Galván, la medida vulnera el principio de intangibilidad del salario (protegido por la Constitución Nacional) y el derecho a la propiedad privada. Recordó además que el Congreso de la Nación y el Banco Central son las únicas autoridades con la facultad legal de regular el circulante monetario.
- Monto emitido y modalidad de pago: Se estima la emisión de unos 4.000 millones de pesos/chachos mensuales de forma continua hasta fin de año, monto destinado a cubrir hasta un 15% del aumento en los haberes de los trabajadores estatales.
- Operativa al margen del sistema bancario: El dirigente advirtió que el bono se abona fuera del circuito bancario, entregándose de forma presencial en dependencias administrativas o clubes. Esta metodología implica que sobre esos montos no se efectúen aportes jubilatorios, seguros de vida ni contribuciones a las obras sociales.
- Advertencia por el contexto de gestión: Galván apuntó a la situación financiera de la provincia, señalando un escenario de endeudamiento e ineficiencia en la administración de empresas estatales locales, que derivaron en la imposibilidad de afrontar compromisos salariales únicamente con moneda de curso legal.
Un precedente político para la región
Para la oposición provincial, el lanzamiento del «Chacho» excede la urgencia económica local y podría transformarse en un intento de extender el uso de bonos o monedas provinciales en otras jurisdicciones.
Mientras las autoridades provinciales promueven el bono con comercios locales adheridos para el intercambio, referentes legales avanzan en las presentaciones ante la Justicia para frenar su circulación y exigir que el pago de salarios se realice íntegramente en pesos y bajo las normas del sistema bancario nacional.
About The Author
