Hay decisiones judiciales que trascienden los tribunales. No porque involucren a una figura política determinada, sino porque abren un debate mucho más profundo: el de la calidad institucional de una democracia y el respeto por las garantías constitucionales que protegen a todos los ciudadanos, piensen como piensen y voten a quien voten.
La reciente presentación realizada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas vuelve a poner sobre la mesa una discusión que muchos pretendían dar por terminada. Con el rechazo del último recurso por parte de la Corte Suprema argentina se agotaron las instancias internas, pero se abrió el camino previsto por el propio derecho internacional para que un organismo independiente analice si durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales.
No se trata, como algunos intentan instalar, de un ataque contra la Argentina o contra su sistema judicial. Todo lo contrario. Es un mecanismo contemplado por tratados internacionales que nuestro país firmó libremente y que tienen jerarquía constitucional. Es, precisamente, una herramienta del Estado de Derecho para revisar posibles violaciones cuando las instancias nacionales ya se agotaron.
Los abogados que llevaron la presentación no son dirigentes políticos. Son especialistas en derecho internacional y derechos humanos. Y fueron categóricos al sostener que, a su juicio, la causa Vialidad estuvo atravesada por graves irregularidades: violaciones al derecho de defensa, cuestionamientos sobre la imparcialidad de los jueces, contradicciones en la sentencia y una condena que consideran jurídicamente insostenible.
Podrá compartirse o no esa posición. Pero lo que no debería admitirse en una democracia es que el debate sea reemplazado por el prejuicio o el odio político. Porque cuando una causa judicial deja de analizarse desde el derecho para convertirse en una batalla ideológica, pierde la sociedad entera.
También resulta significativo que los propios juristas hayan insistido en que no buscan privilegios para Cristina Fernández de Kirchner. Reclaman que tenga exactamente las mismas garantías que cualquier ciudadano argentino. Ni más ni menos.
Hay otro aspecto que merece atención. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos aparece, según los expositores, como el núcleo del conflicto. Sostienen que el verdadero efecto político de la condena fue excluir de la competencia electoral a quien durante años encabezó uno de los principales espacios políticos del país. Si esa interpretación es correcta o no será materia de análisis del organismo internacional. Pero la sola existencia de esa discusión debería preocupar a cualquier demócrata.
La historia enseña que las democracias no se debilitan únicamente por los golpes de Estado. También pueden deteriorarse cuando la confianza en la Justicia se erosiona, cuando las sentencias son percibidas como instrumentos de persecución política o cuando una parte importante de la sociedad deja de creer en la imparcialidad de los jueces.
Nadie está por encima de la ley. Pero tampoco nadie debería estar por debajo de las garantías que la Constitución y los tratados internacionales reconocen. Ese principio vale para cualquier ciudadano y, con mayor razón, para quien ocupó la máxima magistratura del país.
Ahora la palabra la tendrá el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su decisión podrá confirmar o rechazar los planteos de la defensa. Lo importante es que exista una instancia donde esos argumentos puedan ser escuchados y evaluados con independencia.
Porque una democracia sólida no le teme al control de legalidad. Al contrario: lo necesita. Y cuando la justicia es puesta bajo examen, lo que está en juego no es solamente el destino de una dirigente política. Lo que se pone a prueba es la credibilidad de todo el sistema institucional argentino.
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