La Argentina vuelve a estremecerse. Esta vez fue por Agostina, una adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba y fue encontrada asesinada días después. Una tragedia que conmueve por la edad de la víctima, pero también porque vuelve a poner bajo la lupa una pregunta incómoda: ¿cuántos femicidios podrían evitarse si el Estado actuara a tiempo?
Las declaraciones del fiscal Raúl Garzón, destacando el trabajo de los perros que encontraron el cuerpo de la joven, generaron indignación. No porque el trabajo de esos animales y de sus guías no merezca reconocimiento, sino porque en medio del dolor colectivo pareció perderse de vista lo esencial: el objetivo no era encontrar un cadáver, sino encontrar con vida a una niña desaparecida.
El caso expone una secuencia que se repite una y otra vez en la Argentina. Una familia denuncia una desaparición. Aparecen indicios. Surgen sospechas concretas. Sin embargo, las medidas urgentes llegan tarde. Cuando finalmente se activan todos los mecanismos de búsqueda, muchas veces el desenlace ya es irreversible.
La discusión de fondo no es sobre una persona en particular ni sobre un fiscal específico. Es institucional. Porque detrás de Agostina aparecen antecedentes alarmantes sobre el principal sospechoso, denuncias previas de violencia extrema y decisiones judiciales que hoy vuelven a ser cuestionadas. Cuando una mujer denuncia, cuando una madre alerta sobre una desaparición o cuando una víctima pide ayuda, el sistema no puede responder con burocracia ni con escepticismo.
Los números muestran que el problema sigue siendo una emergencia nacional. Según el Observatorio Adriana Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro, desde la primera movilización de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, hasta el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas de violencia de género en Argentina: 3.073 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 78 trans-travesticidios, 4 lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Detrás de esas cifras hay datos que revelan patrones persistentes. El 61% de las víctimas tenía hijas o hijos menores de edad. Apenas el 13,8% había podido realizar denuncias previas y solo el 6% de los agresores tenía medidas cautelares vigentes. Además, 3.840 niñas y niños quedaron sin madre durante estos once años.
En La Rioja, la realidad tampoco es ajena. Un informe citado por Pares Lab señala que, en promedio, cada cinco meses un riojano se convierte en femicida. A la vez, la provincia figura entre las jurisdicciones con tasas más elevadas de femicidios del país en distintos relevamientos recientes. Las estadísticas provinciales muestran además un crecimiento sostenido de las denuncias y asistencias por violencia de género, con más de 1.280 mujeres atendidas durante el primer semestre de 2025 y más de 130 denuncias registradas solo en enero de 2026 en la Capital riojana.
Por eso, el reclamo que volverá a escucharse en las calles este 3 de junio no es solamente memoria. Es una exigencia de respuestas. Porque cada femicidio consumado suele estar precedido por señales, advertencias y pedidos de ayuda que no encontraron una respuesta eficaz.
La muerte de Agostina no puede convertirse únicamente en una estadística más. Debe ser una interpelación profunda a la Justicia, a las fuerzas de seguridad y a toda la dirigencia política. Porque cuando una familia denuncia una desaparición o una mujer denuncia violencia, el tiempo no es un detalle administrativo. El tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Y cuando el Estado llega tarde, ya no alcanza con encontrar responsables. Lo que la sociedad reclama es que la próxima Agostina pueda ser encontrada viva.
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