En la Argentina de hoy hay una palabra que se repite como un mantra: «En Venta». Se cierran empresas, se devalúan salarios, se cierran programas públicos, se precarizan organismos del Estado. Y también parece estar en venta algo más profundo: la verdad como referencia del debate público.
Vivimos una época en la que los hechos compiten en desigualdad de condiciones contra los relatos. Ya no alcanza con que algo sea verdadero; además debe sobrevivir a una maquinaria permanente de comunicación, redes sociales y discursos políticos que muchas veces transforman opiniones en certezas y deseos en datos.
La discusión no es nueva. En todo el mundo surgieron mecanismos de verificación de información para contrastar las afirmaciones de funcionarios y dirigentes. Sin embargo, el fenómeno parece haber ingresado en una fase más compleja. No se trata solamente de una mentira ocasional o de una exageración de campaña. El problema aparece cuando la distorsión de la realidad se vuelve un método de gobierno y una herramienta política cotidiana.
La administración de Javier Milei ha construido gran parte de su identidad alrededor de una batalla cultural permanente. En esa lógica, cualquier crítica puede ser presentada como una operación, cualquier dato incómodo puede ser descartado como parte de una conspiración y cualquier cuestionamiento puede convertirse en una supuesta defensa de privilegios. El resultado es una polarización extrema donde la verdad pierde centralidad frente a la lealtad ideológica. Y cuando eso ocurre, la democracia se empobrece.
Porque una sociedad no puede discutir soluciones si antes no logra acordar cuáles son los problemas. No puede debatir sobre pobreza, inflación, empleo o educación si cada sector maneja una realidad distinta. La política deja entonces de ser una herramienta para resolver conflictos y pasa a convertirse en una competencia por imponer narrativas.
Lo preocupante es que este fenómeno no afecta solamente a los gobiernos. También alcanza a oposiciones, medios de comunicación y usuarios comunes de redes sociales. Todos estamos expuestos a consumir información que confirma nuestras creencias y a rechazar aquella que las contradice.
La consecuencia es un clima social donde cada vez resulta más difícil construir consensos mínimos.
Mientras tanto, la vida cotidiana sigue avanzando. Las familias hacen cuentas para llegar a fin de mes. Los trabajadores buscan preservar su poder adquisitivo. Los jubilados intentan sostener su calidad de vida. Las pequeñas empresas enfrentan mercados cada vez más reducidos. Es decir, la realidad concreta continúa golpeando la puerta más allá de cualquier relato.
Por eso quizás la discusión más importante no sea quién tiene razón en una disputa política determinada, sino cómo recuperamos el valor de los hechos verificables. Cómo volvemos a distinguir entre información y propaganda, entre evidencia y eslogan.
Porque cuando todo está en venta, todavía hay algo que no debería rematarse jamás: la capacidad de una sociedad para reconocer la realidad tal como es.
Y esa, probablemente, sea la condición indispensable para construir cualquier futuro posible.
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