La Oficina del Presidente informó este 22 de abril de 2026 que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, envió al Congreso un proyecto de ley de reforma electoral con el objetivo de reducir costos, aumentar la transparencia y modificar aspectos estructurales del sistema político argentino.
El anuncio, realizado desde Buenos Aires, plantea como eje central la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según el comunicado oficial, el Ejecutivo considera que este mecanismo “no cumplió su función” y generó un gasto significativo, estimado en unos 45.000 millones de pesos en 2023, sin resolver disputas internas relevantes dentro de los partidos políticos.
A partir de esta propuesta, las elecciones primarias volverían a ser una instancia exclusiva de cada fuerza política, sin intervención ni financiamiento del Estado. En esa línea, el Gobierno sostiene que los ciudadanos no deberían asumir el costo de las internas partidarias.
El proyecto también incluye modificaciones en los requisitos para la creación y mantenimiento de partidos políticos, elevando los pisos de afiliación y de votos necesarios para conservar la personería jurídica. La iniciativa apunta a eliminar lo que denomina el sistema de “sellos de goma”, es decir, estructuras partidarias sin representatividad real. Además, se incorpora la afiliación digital para simplificar trámites y ampliar la participación.
Otro de los puntos destacados es la eliminación del régimen de espacios cedidos en medios de comunicación para la publicidad electoral gratuita. Desde el Ejecutivo argumentan que este esquema representa un subsidio indirecto que no fue aprobado explícitamente por la ciudadanía en el presupuesto nacional.
En materia de financiamiento, la reforma busca transparentar los aportes a las campañas. El comunicado indica que actualmente solo una pequeña parte del financiamiento está formalmente registrada, mientras que el resto provendría de circuitos informales. La propuesta habilita mecanismos para que tanto personas como empresas puedan realizar aportes de manera legal, trazable y regulada. Asimismo, contempla la posibilidad de que los partidos renuncien al financiamiento estatal y se sostengan exclusivamente con aportes privados.
El proyecto incorpora también la figura de “Ficha Limpia”, que impediría la candidatura o el acceso a cargos públicos a personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos. Desde el Gobierno sostienen que esta medida apunta a garantizar estándares mínimos de integridad en la función pública.
Finalmente, el Ejecutivo argumenta que el sistema electoral vigente es costoso, poco transparente y funcional a la dirigencia política. En ese contexto, la reforma es presentada como un paso clave para reducir privilegios y fortalecer la representación democrática.
El proyecto ahora deberá ser debatido en el Congreso, donde se anticipa un escenario de discusión intensa por el alcance de los cambios propuestos.
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