La Cámara de Diputados fue escenario de una audiencia pública que reunió a organizaciones piqueteras, movimientos sociales, sindicatos y diputados de distintos bloques para enfrentar la eliminación del programa Volver al Trabajo, que implica el despido de 956.000 trabajadores precarizados. La convocatoria expresó un proceso de reagrupamiento nacional frente a una ofensiva que apunta a liquidar un ingreso de subsistencia en los barrios populares y a desarticular la organización social de los trabajadores más golpeados.
La audiencia tuvo como antecedente directo el piquetazo nacional del 7 de abril, cuando se realizaron más de 70 cortes y movilizaciones en todo el país contra esta política de recorte criminal del gobierno de Milei y Sandra Pettovello.
En la apertura de la audiencia el diputado nacional del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, Néstor Pitrola, caracterizó la medida como “el mayor despido de la era Milei” y la vinculó a un cuadro general de destrucción económica y social: “Esta Argentina es la de la pobreza de los que laburan, de los que no tienen laburo, de los que tienen tres trabajos y de los jubilados. Es una Argentina que la están hundiendo”.
En la audiencia también intervinieron diputados de distintos bloques, entre ellos Romina Del Plá, Myriam Bregman, también por el Frente de Izquierda Unidad, y por Unión por la Patria Juan Marino, Natalia Zaracho, Fernanda Miño, Sabrina Selva y Juan Carlos Molina, quienes participaron del debate y expresaron posiciones frente al cierre del programa. Por otro lado, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, se hizo presente y planteó: “Este gobierno quiere destruir la organización de la clase trabajadora. Sólo la organización y la lucha pueden derrotarlo”.
Durante la jornada se aportaron datos que dimensionan el alcance del recorte. Se estimó que la eliminación del programa implica retirar miles de millones de pesos mensuales del circuito de consumo popular, afectando directamente a comercios de cercanía y las economías de las provincias. También se señaló que el ingreso representaba, en muchos casos, el sostén de redes comunitarias que hoy quedan desfinanciadas, abriendo paso a la descomposición social y al avance del narcotráfico en los barrios.
Las voces de la Unidad Piquetera
En la audiencia confluyeron los principales espacios del movimiento piquetero, con la presencia de los tres frentes de la Unidad Piquetera, la UTEP, Territorios en Lucha y el Frente de Lucha Piquetero, reflejando un cuadro de acción común frente al ajuste.
En este sentido, Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP, señaló: “Nuestro trabajo sin salario es esclavitud. Este programa no es un plan, es el reconocimiento de un trabajo que ya realizamos hace años”.
Desde el MST Teresa Vive y el frente Territorios en Lucha, Mónica Sulle fue directa al plantear el carácter estructural del ataque: “En un país riquísimo, nuestros chicos pasan hambre”, y denunció que el gobierno “vino a destruir lo mínimo que teníamos para poder comer”.
En el mismo sentido, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero, explicó que el objetivo de fondo es disciplinar a toda la clase trabajadora: “Quieren bajar el piso salarial y tener un ejército de desocupados. Esto no es solo contra los desocupados, es contra todos los trabajadores”, y agregó: “Con este recorte, en todo el país, el impacto económico total por año es de 600 millones de dólares”.
Testimonios desde los barrios populares de todo el país
Los testimonios de las trabajadoras y trabajadores de comedores populares y asambleas barriales fueron sin dudas el eje más potente de la audiencia.
Elsa Sánchez, del Polo Obrero de Sáenz Peña, Chaco, madre y artesana de la comunidad Qom, hizo más de mil kilómetros para denunciar en el Congreso Nacional el carácter estructural del ataque: “No hay comedores, no hay merenderos y ahora quieren sacar lo poco que tenemos. No vamos a callar. Si hace falta, vamos a cortar la ruta otra vez”.
En las provincias del norte, el cuadro aparece aún más agravado. Como representante de la una jujeña, Magalí Gina Condorí, también del Polo Obrero, relató la represión sufrida en las protestas: “Nos pegaron cuando salimos a la ruta. Pero lo hicimos por hambre. Si no hablamos, nos pisan. Pero si cortan el programa, cortaremos la ruta”.
Desde Esteban Echeverría, Analía Arraigada del Partido Piquetero, relató el deterioro cotidiano: “Antes abríamos cinco días el comedor, hoy apenas dos. Cada vez hay más chicos, más familias, y menos recursos. Me levanto todos los días pensando cómo voy a hacer para dar de comer”.
Desde Vicente López, Chela, integrante de un jardín comunitario y merendero del Movimiento Evita, describió el impacto inmediato de la medida: “¿Cómo vamos a comprar las verduras, los fideos que faltan? Cocinamos con dos pollos para más de 300 familias. No es solo la plata, nos están sacando la dignidad”.
Desde Tigre, Gabriela Pinto advirtió sobre las consecuencias sociales: “Vamos a seguir sosteniendo las ollas aunque nos saquen todo. Pero cada vez es más difícil. Cuando falta el Estado, lo que avanza es el narcotráfico”.
Y desde San Juan, Elvia Peralta describió una situación desesperante: “Entregamos comida a 400 familias y no sabemos cómo seguir. Hay compañeros que se están quitando la vida por la situación. Esto nos destruye”.
Desde una cooperativa textil Mandarinas de Avellaneda, Joana Villafañe, de la UTEP, señaló la combinación de sobretrabajo y pobreza: “Trabajo todo el día, limpio casas, trabajo en la cooperativa, y no alcanza. Ese ingreso me servía para cargar la SUBE y seguir buscando trabajo. Ahora ni eso”.
Incluso en regiones industriales, la crisis golpea con fuerza. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, Natasha, empleada doméstica y compañera del Polo Obrero, estuvo presente en la audiencia y explicó: “Antes teníamos dos comedores, hoy uno solo para 160 familias. No alcanza la comida. Esto sirve para pagar una boleta o comprar zapatillas. No es poco”.
Uno de los momentos más duros fue el testimonio de Aníbal Molina, también del Partido Piquetero, quien padece una enfermedad incapacitante: “Es mi único ingreso. No puedo trabajar. Cuando mi hijo me pide algo, saco de a poquito. Si no me mata mi enfermedad, me mata este gobierno”.
La audiencia dejó en evidencia que el peso de la crisis recae especialmente sobre mujeres jefas de hogar.
Desde el MTR 12 de Abril, Maribel Castillo, de la Villa 31, advirtió: “Ese ingreso es lo que nos permite darle de comer a nuestros hijos. Si nos lo sacan, tenemos que salir a la calle a defenderlo”.
Desde la CTA de los Trabajadores – Frente Barrial, Mario Miseri señaló la extensión del problema al conjunto de la clase obrera: “La cantidad de desocupados que ha generado este gobierno no solamente es un golpe hacia los estables; por cada trabajador estable que queda en la calle se generan dos o tres desocupados”.
Por su parte, desde la Federación Nacional Campesina (CCC), Alvina denunció la situación en el cordón hortícola: “Para nosotros garantizar el alimento es muy duro… en un país riquísimo nuestros chicos pasan hambre”.
También brindaron su apoyo solidario representantes sindicales como Daniela Frencia, delegada general de la Junta Interna de ATE Trabajo, y Jorge Medina, trabajador de la cooperativa gráfica Madygraf.
La batalla en el plano judicial
Entre las intervenciones también tomaron la palabra las abogadas Olga Aguirre y Susana Rearte, quienes señalaron: “Estamos hablando de un derecho, el derecho a una planificación mínima que tienen las familias que viven de las changas” y denunciaron la “persecución” a luchadores sociales, subrayando que la política de ajuste, represión y criminalización no comenzó con el actual gobierno, sino que tiene continuidad en los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y la gestión de Victoria Tolosa Paz.
En ese marco, señalaron como antecedente la causa armada contra el Polo Obrero, denunciada como un intento de criminalizar la organización piquetera mediante acusaciones sin sustento para disciplinar la protesta social, y advirtieron que esta orientación represiva continúa con el inicio del juicio contra Daniela Calarco del MTR Votamos Luchar, procesada por movilizarse contra la Ley Bases.
Un plan de lucha en marcha
La conclusión general de la jornada fue que la pelea no se resolverá en el plano parlamentario, desde “donde estamos para ayudar a la calle”. Las organizaciones, precisamente anunciaron la continuidad de un plan de lucha nacional, con movilizaciones y cortes en todo el país.
Frente a eso, la irrupción de estos testimonios no es sólo una denuncia. Es la expresión de un proceso en marcha: el de una reorganización desde abajo que busca enfrentar la política de hambre con la acción directa y la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados. Lo que está en juego no es un programa social, sino las condiciones mínimas de reproducción de la vida en los sectores más explotados de la clase trabajadora.
Néstor Pitrola y Romina del Plá junto a delegados del Polo Obrero.
En ese cuadro, también se señaló que se trata de un gobierno atravesado por escándalos de corrupción, desde la gestión de Sandra Pettovello y la causa de los alimentos retenidos sin distribuir en depósitos oficiales, hasta las denuncias que rodean a Javier Milei por el caso Libra y los privilegios y enriquecimiento de funcionarios como Manuel Adorni, en contraste con el ajuste descargado sobre los sectores más pobres.
La audiencia cerró con la propuesta de impulsar proyectos legislativos que puedan forzar una sesión especial en el Congreso Nacional, según resumió Néstor Pitrola, una iniciativa que puede ser un aporte pero con un acuerdo central: la clave será la movilización y los métodos históricos del movimiento piquetero.
Como sintetizó Pitrola al final, la perspectiva es clara: “transformar esta pelea en un punto de confluencia de todas las luchas contra el plan motosierra de Milei y avanzar hacia una derrota política del gobierno en las calles”.
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