En el marco de una jornada dedicada al debate sobre falsas denuncias, el senador nacional Juan Carlos Pagotto defendió un proyecto legislativo que busca endurecer las sanciones contra este tipo de delitos y advirtió que las penas podrían alcanzar hasta seis años de prisión. La iniciativa apunta a modificar el tratamiento legal de las denuncias falsas y reforzar principios como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.
Durante su exposición, el legislador sostuvo que el proyecto “es más ambicioso” que el debate sobre violencia de género, ya que abarca la problemática de las denuncias falsas en general. Según explicó, en Argentina “se ha hecho un deporte la denuncia” y, en muchos casos, se ha politizado su uso, especialmente en el ámbito del derecho de familia y los conflictos entre parejas.
Pagotto remarcó que el delito de falsa denuncia afecta a múltiples actores, ya que no solo impacta en la administración de justicia, sino también en las personas involucradas y, particularmente, en los niños cuando existen disputas familiares. En ese sentido, advirtió que decisiones judiciales tomadas sin una investigación profunda pueden generar “daños irreparables” y situaciones de injusticia.
El senador también cuestionó lo que definió como “condenas mediáticas”, señalando que la exposición pública de acusaciones sin resolución judicial puede provocar pérdida de trabajo, vínculos sociales y reputación. “La condena mediática quita derechos y deja a la persona en una situación de exclusión social”, afirmó.
Asimismo, el legislador subrayó la necesidad de actualizar el Código Penal argentino, vigente desde 1921, y ordenar las normas dispersas vinculadas a este tipo de delitos. En esa línea, planteó que el objetivo central del proyecto es garantizar dos principios constitucionales fundamentales: la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.
Finalmente, Pagotto indicó que la iniciativa ya había obtenido despacho favorable, aunque perdió estado parlamentario durante el receso legislativo. No obstante, aseguró que volverá a ser presentada y expresó confianza en que el Congreso avance en su sanción, al considerar que se trata de “una ley necesaria para proteger a las víctimas y evitar abusos del sistema”.
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