El abogado ambientalista Enrique Viale expresó una fuerte preocupación por la posible reforma a la Ley de Glaciares durante su exposición en una audiencia pública en el Congreso. Según sostuvo, los cambios propuestos pondrían en riesgo las principales fuentes de agua del país y favorecerían a un reducido grupo de grandes corporaciones mineras.
Viale explicó que la normativa vigente tiene más de 15 años y permitió realizar un inventario nacional que identifica los glaciares y ambientes periglaciares, zonas donde nace gran parte de los ríos argentinos. En ese sentido, remarcó que la ley “no es prohibitiva de la minería”, ya que las áreas protegidas representan apenas el 0,21% del territorio nacional. Sin embargo, advirtió que ese porcentaje “ínfimo” es el que concentra el interés de al menos seis proyectos mineros de gran escala.
El ambientalista afirmó que la iniciativa de reforma responde a intereses empresariales y la definió como una “reforma Barrick Gold”, en referencia a una de las compañías señaladas. Además, cuestionó el desarrollo de la audiencia pública, en la que, según indicó, se inscribieron más de 102.000 personas pero solo 400 pudieron exponer, es decir, el 0,4% del total.
También denunció restricciones para el acceso al Congreso y calificó el proceso como “una pantomima”, al asegurar que incluso la prensa tuvo dificultades para ingresar. “Es muy vergonzante un manoseo democrático para favorecer a un puñado de corporaciones”, sostuvo.
Durante su exposición, Viale advirtió que alrededor de siete millones de personas dependen del agua proveniente de glaciares y ambientes periglaciares. En ese contexto, señaló que la reforma modificaría un punto central de la ley: actualmente, la identificación de estas áreas está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo científico que elabora el inventario nacional.
Con el nuevo proyecto, explicó, esa decisión podría quedar en manos de funcionarios provinciales que tendrían la facultad de excluir zonas del inventario si consideran que no tienen “relevancia hídrica”, lo que abriría la puerta a actividades extractivas.
Como ejemplo, mencionó el glaciar identificado como “GE110” en San Juan y Mendoza, ubicado en la zona del proyecto minero Vicuña, vinculado a grandes compañías internacionales. Según indicó, la actividad prevista allí demandaría alrededor de 2.000 litros de agua por segundo durante 30 años, de acuerdo con informes de impacto ambiental.
Viale también cuestionó los argumentos económicos a favor de la minería y sostuvo que las provincias con mayor desarrollo de esa actividad presentan indicadores socioeconómicos por debajo del promedio nacional. Citó los casos de Catamarca, con el antecedente del proyecto Bajo La Alumbrera, y San Juan, que —según afirmó— mantiene niveles inferiores a Mendoza, donde la minería está más restringida.
“El agua vale más que el oro. Estamos hablando de las nacientes de los ríos. Una vez que se rompe un glaciar, es para siempre”, concluyó el abogado ambientalista, al reiterar su rechazo a la modificación de la ley.
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