El sistema de estacionamiento medido en la ciudad de La Rioja volvió a quedar en el centro de la polémica tras nuevas críticas por su expansión hacia más sectores del macrocentro sin información clara ni planificación visible. Comerciantes, vecinos y automovilistas coinciden en que el esquema resulta cada vez más costoso, desorganizado y con escasa contraprestación para los usuarios.
Según se señala, en los últimos meses el servicio se extendió de manera progresiva a nuevas calles, lo que generó malestar por la falta de criterios públicos que expliquen la ampliación. La ausencia de información oficial precisa y la forma en que se ejecutó el crecimiento del sistema alimentan la percepción de que el avance se realiza sin orden y con un impacto directo en la economía de quienes circulan por el centro capitalino.
A este escenario se suman cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del esquema. Entre las principales dudas aparece la falta de datos concretos sobre cuántas dársenas están habilitadas, cuál es la recaudación diaria o mensual del servicio y cuál es el destino específico de los fondos obtenidos. Esta opacidad en la información refuerza las críticas y genera un clima de desconfianza entre los usuarios.
Comerciantes del centro advierten además que el estacionamiento medido, combinado con cambios en la circulación vehicular y el aumento de costos, termina desalentando el consumo. “Hoy venir al centro es más caro, más complicado y menos práctico”, señalan, al tiempo que vinculan la situación con la caída en la actividad comercial, despidos y cierre de locales.
De acuerdo con las críticas, el sistema se aleja de su objetivo original de ordenar el tránsito y favorecer la rotación vehicular, para convertirse —según los cuestionamientos— en una herramienta con fines recaudatorios. También se mencionan problemas como falta de señalización adecuada, escasos controles y expansión sin planificación, elementos que profundizan la percepción negativa del servicio.
En este contexto, distintos sectores esperan una respuesta de las autoridades municipales que incluya una revisión del sistema, mayor transparencia en la administración de los recursos y medidas que no afecten aún más a comerciantes y vecinos en un escenario económico complejo.
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