El Gobierno de La Rioja anunció que avanzará con todas las herramientas legales disponibles para defender las 8.000 hectáreas destinadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la provincia, ante la intención del Gobierno Nacional de vender ese campo experimental.
La decisión fue confirmada tras una reunión entre autoridades nacionales, regionales y provinciales del organismo, en la que se acordaron acciones conjuntas para frenar cualquier intento de enajenación de esas tierras que, según remarcaron, fueron asignadas con un fin específico vinculado a la producción, la investigación y el desarrollo agropecuario.
Por instrucción del gobernador Ricardo Quintela, la Provincia adoptará una postura firme en defensa de la propiedad pública. Desde el Ejecutivo sostienen que la tierra no solo posee un valor económico por su capacidad productiva y la infraestructura instalada, sino también un valor estratégico y humano, vinculado a los trabajadores que desempeñan tareas en el predio, la experiencia acumulada durante años y la articulación con sectores académicos y científicos.
“Vamos a defender a ultranza la propiedad pública”, señalaron desde el Gobierno provincial, al tiempo que recordaron que la Constitución contempla a la tierra como un bien social destinado a la producción y no a la especulación ni a la renta financiera.
La situación no se limita a La Rioja. Según se informó, existen unas 40.000 hectáreas distribuidas en distintas regiones del país que se encuentran en alerta ante la posible decisión de venta por parte de Nación. En ese contexto, la Provincia buscará posicionarse como una de las principales impulsoras de la defensa del patrimonio público y del rol estratégico del INTA en el desarrollo productivo regional.
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