El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno confirmó que inició y continuará acciones judiciales contra periodistas y referentes públicos que lo acusen de haber falseado estadísticas oficiales durante su gestión, al considerar que esas afirmaciones afectan su honor y su actividad profesional.
Moreno explicó que la decisión fue tomada junto a un equipo de abogados y que apunta a quienes sostienen públicamente que se manipularon los datos oficiales. “Hace unos meses decidí, con un grupo de abogados, que todos los que digan que falseamos las estadísticas van a juicio”, afirmó. En ese sentido, remarcó que no persigue un beneficio económico personal, aunque aclaró que sus representantes legales sí impulsan las demandas correspondientes.
Según detalló, el primer caso fue el de la periodista Mercedes Ninci, quien —de acuerdo a sus declaraciones— perdió el juicio. Además, anticipó que se encuentra en curso una instancia de conciliación con Nicolás Wiñazki, en la que se habría solicitado una compensación económica.
Moreno también mencionó a otros comunicadores y analistas, entre ellos Agustín Laje, Alejandro Bercovich, Diego Iglesias y Leandro Renou, a quienes incluyó dentro del listado de personas alcanzadas por las acciones legales. En particular, se refirió al vocero presidencial Manuel Adorni, a quien señaló por declaraciones que, según sostuvo, afectaron su reputación laboral. “Mancilló mi honra y mi capacidad de trabajo”, expresó, al tiempo que afirmó que siempre existe la posibilidad de una disculpa pública.
En defensa de su gestión, el exfuncionario recordó que la Justicia lo declaró inocente en la causa por falsedad ideológica, fallo que —según indicó— dejó firme que las estadísticas oficiales de ese período no fueron adulteradas. “Es hecho juzgado. La Justicia falló y el tema está terminado”, sostuvo.
Asimismo, Moreno aclaró que la intervención del INDEC solo puede realizarse mediante un decreto presidencial, y afirmó que durante el gobierno en el que participó no se produjo ninguna intervención formal del organismo. En ese marco, señaló que el único antecedente de intervención fue durante la administración de Mauricio Macri.
Las declaraciones reavivan el debate sobre el rol del periodismo, la responsabilidad en el uso de la información pública y los límites entre la crítica política y las imputaciones que pueden derivar en instancias judiciales.
