La semana pasada la Argentina vivió tres escenas que, puestas una al lado de la otra, dicen más que cada una por separado.
La primera fue en los tribunales. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier y Karina Milei y a los demás investigados en la causa $LIBRA. Lo hizo sin indagatorias, sin preguntar adónde fue el dinero y sin preguntarle al Presidente de dónde salió el código que publicó aquel 14 de febrero de 2025, y que hasta ese momento solo él conocía.
Recordemos el cuadro: ese día, 74 billeteras con información privilegiada compraron 13 millones de dólares de la moneda. Después el mensaje se borró, el precio se desplomó y miles de inversores quedaron con las manos vacías. Que la Justicia no vea delito no borra ese hecho. Y hay una coincidencia que obliga a preguntar: el Gobierno propuso como jueza federal a la esposa del magistrado. No hay prueba de que una cosa explique la otra, pero la sospecha es inevitable.
Que la Justicia no vea delito no borra ese hecho.
La segunda escena fue en la Fundación Faro. Ante ese fallo favorable, el Presidente no respondió con argumentos. Señaló a periodistas por su nombre, entre ellos Hugo Alconada Mon, Luis Novaresio y Carlos Pagni, y habló de que había que quemarlos en la hoguera. Figuras cercanas al oficialismo, como Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, dijeron que se había cruzado un límite. Y hay una ironía histórica difícil de ignorar: la libertad que el Presidente tanto reivindica nació, justamente, como reacción a la Inquisición, a esas hogueras donde se mandaba a los disidentes.
habló de que había que quemarlos en la hoguera
La tercera escena es la más grave y viene de otro expediente, el de la Agencia de Discapacidad. El fiscal Franco Picardi presentó un nuevo dictamen que describe un esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según ese documento, un fármaco para la esclerosis lateral amiotrófica habría pasado de costar unos 92 mil pesos a venderse por más de cuatro millones. El juez Ariel Lijo citó a indagatoria a los involucrados. Hablamos de plata destinada a los más vulnerables, mientras se daban de baja pensiones por discapacidad.
Corresponde ser prudentes: son imputaciones y todos tienen derecho a defenderse. Pero el dictamen vuelve a acercar la investigación a personas muy cercanas al círculo presidencial. Y esa misma semana, otro tribunal procesó a José Luis Espert por lavado de dinero.
El Gobierno sostiene que, si no hay delito, no hay caso, y que la prensa lo difamó. Es una postura que se puede defender, pero con argumentos. Porque un sobreseimiento no clausura el debate público: contar lo que pasó, con documentos y con audios, no es calumnia, es informar.
un sobreseimiento no clausura el debate público
Al poder se lo controla, no se lo adula. Un presidente puede discutir con la prensa, desmentirla e incluso llevarla a la Justicia si cree que cometió un delito. Lo que no puede es convertir el desacuerdo en intimidación. Porque cuando el poder amenaza, la libertad de prensa deja de ser un problema de los periodistas y pasa a ser un problema de toda la sociedad. Sin quienes investigan, preguntan y publican, los ciudadanos quedan a oscuras. Y una democracia a oscuras es una democracia sin control.
una democracia a oscuras
es una democracia sin control
About The Author
