El reciente fallo de la justicia estadounidense que favorece a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF en 2012 es una muy buena noticia judicial, pero también es, sobre todo, una reivindicación política, económica y jurídica de una de las decisiones más discutidas de la historia reciente. Durante años, la recuperación del control estatal de la petrolera fue presentada por sectores políticos y mediáticos como un error costoso que derivaría en una condena millonaria. Hoy, ese argumento se derrumba. Y con él, cae también la narrativa de que el país debía resignarse a pagar cifras astronómicas a los fondos buitre.
El núcleo del fallo es claro: la expropiación de YPF fue un acto soberano del Estado argentino, amparado por su Constitución y por una ley votada por amplia mayoría del Congreso. La justicia reconoció que el derecho público argentino está por encima de los estatutos privados de una empresa. Es decir, exactamente lo que se sostuvo desde el inicio. La Argentina tenía la facultad de recuperar el control del 51% de la compañía por razones de interés nacional y, además, pagó la indemnización correspondiente a Repsol conforme a los mecanismos legales vigentes. No hubo arbitrariedad ni irregularidad jurídica.
La decisión de 2012 respondió a una situación energética crítica. Durante la gestión de Repsol, la producción de petróleo y gas cayó de manera sostenida, se redujeron las reservas y el país pasó de un superávit energético a un déficit que obligaba a importar combustibles a precios mucho más altos. La falta de inversión y la priorización de proyectos en el exterior deterioraron la capacidad productiva local. Recuperar YPF fue, entonces, una medida para revertir esa tendencia, recuperar el autoabastecimiento y evitar una sangría de divisas que afectaba a toda la economía.
El juicio que impulsaron los fondos buitre, adquiridos por una cifra ínfima tras la quiebra del grupo Petersen, siempre fue cuestionado por su debilidad jurídica. El argumento central pretendía que la Argentina debía cumplir con cláusulas del estatuto de la empresa privada, incluso por encima de una ley nacional de expropiación. El fallo actual desarma esa construcción: reafirma que la soberanía legislativa del país prevalece sobre acuerdos corporativos y que la expropiación fue una decisión legítima.
Este desenlace también deja expuesta una contradicción política. Mientras se sostenía que la Argentina enfrentaría una condena cercana a los 20.000 millones de dólares, la defensa jurídica del Estado continuó argumentando lo contrario y, finalmente, esa postura se impuso. Durante ese tiempo, hubo dirigentes, donde el actual presidente Javier Milei, es uno de esos, que avalaron la tesis de los demandantes y consideraron inevitable pagar. El resultado demuestra que esa lectura no solo era equivocada, sino que debilitaba la posición argentina.
A más de una década de aquella decisión, los hechos terminan ordenando el debate. La recuperación de YPF permitió impulsar Vaca Muerta, fortalecer la producción y avanzar hacia el autoabastecimiento energético. Ahora, además, la justicia internacional valida el marco legal de aquella política. La conclusión es inevitable: la expropiación no fue un error, sino una decisión estratégica. Cristina Fernández de Kirchner tenía razón. Axel Kicillof tenía razón. Y el tiempo, junto con la justicia, acaba de confirmarlo.
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