La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar hoy al recurso de queja interpuesto por el Estado y suspendió de manera provisoria las multas que había pedido el juez Martín Cormick contra funcionarios del Gobierno por la falta de cumplimiento de la medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
Por qué importa
Cormick había aplicado astreintes (multas) diarias de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Cámara no suspendió dicha medida de manera definitiva sino que habilita revisar la decisión del magistrado: la cautelar todavía sigue vigente.
Qué resolvió la Cámara.
La Sala III, compuesta por los camaristas Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán opinó sobre el recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano. Consideró que la denegatoria de la apelación por el juez de primera instancia podía generar un «gravamen irreparable a la parte demandada» y concedió el recurso de apelación. La Cámara ordenó devolver el expediente al juzgado de primera instancia para que allí se tramite la apelación que antes había sido rechazada. Los jueces remarcaron que su decisión «no implica adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar». Es decir, no dijeron si el Gobierno cumplió o no: solo abrieron la puerta para que esa discusión se pueda discutir en la Cámara.
Contexto.
La medida cautelar, dictada por el juez Cormick en diciembre de 2025 a pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras universidades, ordenaba cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Fue confirmada por la Sala III y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso del Estado en junio de 2026.
En septiembre, el juez intimó al Gobierno a cumplir con la cautelar en un plazo de cinco días, caso contrario comenzaría a aplicar multas a representantes del Estado. Anteayer, el juez hizo efectivas las astreintes de $100.000 diarios sobre Santilli por ser jefe de Gabinete y el Gobierno decidió apelar.
En paralelo, Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de recursos presupuestarios. La resolución de la Cámara se conoció el mismo día de la quinta Marcha Federal Universitaria.
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