Un conflicto social y laboral sacude a la localidad de Sanagasta. Tras el despido verbal de 20 familias —compuestas en su gran mayoría por mujeres sostén de hogar y trabajadoras en avanzado estado de embarazo—, las afectadas se declararon en estado de alerta máxima y asamblea permanente ante el cierre intempestivo de la planta procesadora de nueces.
La tensión escaló drásticamente luego del fracaso de la primera audiencia en la Secretaría de Trabajo. En dicho encuentro, y ante la presencia del Intendente Municipal, la abogada defensora y los propios operarios, el socio gerente de Karydiá SRL, Luis Giordano, confesó haber retirado todo el stock de producción procesada para trasladarlo a Buenos Aires. Según se dio a conocer, la maniobra se ejecutó aprovechando el feriado religioso de la Virgen India a través de un transporte ubicado sobre la Ruta 5.
Delito de vaciamiento y oferta irrisoria
Desde la querella y el colectivo de operarias advierten que este accionar configura el delito de vaciamiento de empresa e insolvencia fraudulenta (conforme al Art. 173 inc. 5 del Código Penal). La maniobra buscó dejar intencionalmente a la planta sin bienes para eludir el pago de las indemnizaciones correspondientes por ley, sobre las cuales la patronal apenas ofreció un irrisorio 25% abonado en cuotas.
A este escenario se suma la denuncia de una prolongada informalidad laboral. Las damnificadas trabajaron durante años sin aportes ni cobertura de obra social. Sin sustento alimentario ni asistencia médica obstétrica o pediátrica, las familias enfrentan hoy una situación humanitaria desesperante.
Acciones legales y pedido de asistencia urgente
Con el patrocinio de la Dra. Ivana Cattáneo, las trabajadoras encuadraron lo sucedido como un acto de violencia económica y laboral de género (Ley 26.485). Por ello, formalizarán un pedido de intervención urgente ante la Secretaría de la Mujer y Diversidad de la provincia, a cargo de la Lic. Karen Navarro, y apelaron directamente al gobernador Ricardo Quintela para solicitar auxilio para las 20 familias afectadas.
«No estamos ante una crisis empresarial común, estamos ante un delito premeditado que dejó a madres embarazadas sin el pan para sus hijos. El pueblo de Sanagasta no va a permitir que este empresario se lleve la riqueza de nuestra tierra y nos deje la miseria», manifestaron con firmeza las delegadas de la planta.
Fuertes cuestionamientos éticos y pedido de suspensión
El comunicado extendido por los trabajadores revela además que, durante visitas institucionales pasadas a la planta —como la realizada por el diputado Máximo Kirchner junto a autoridades del Gobierno—, el empresario ocultó la precarización, la falta de aportes patronales y los salarios adeudados.
Asimismo, señalaron que Giordano figuraría como funcionario dentro de la estructura del Gobierno de La Rioja. Frente a esto, las trabajadoras exigieron al Gobernador su inmediata suspensión del cargo por vulnerar las normas mínimas de ética pública, advirtiendo sobre el riesgo de un accionar perjudicial que estafa tanto a la comunidad como al propio Estado provincial.
Convocatoria a la comunidad
Los trabajadores despedidos convocaron a la comunidad de Sanagasta y a los medios de comunicación a visibilizar la problemática y acompañar la vigilia que mantendrán con vistas a la audiencia clave programada para este miércoles a las 09:30 hs.
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