La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la legitimación procesal de una organización de excombatientes respecto a la derogación de la Ley de Tierras generó un fuerte cimbronazo institucional y político. El reconocido abogado constitucionalista Dr. Félix Lonigro analizó las implicancias de esta resolución, advirtiendo sobre la inestabilidad normativa y el impacto directo en la seguridad jurídica del país.
Las claves del fallo y el regreso del DNU 70
El especialista explicó que el máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la validez constitucional de permitir la libre adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
«La Corte analizó si los demandantes estaban legitimados para iniciar la acción. Al determinar que la asociación actora no poseía la representación adecuada para este reclamo específico, rechazó la demanda y, como consecuencia indirecta, devolvió la vigencia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70, dejando temporalmente sin efecto la ley de tierras», detalló LoNigro.
Esta situación deja a la legislación en un terreno endeble. Si bien las operaciones inmobiliarias realizadas bajo la vigencia actual del decreto son legalmente válidas y no pueden ser revocadas de forma retroactiva, el especialista advirtió que el panorama genera dudas en los inversores: «Un extranjero puede operar hoy con respaldo legal, pero el constante cambio normativo y la incertidumbre sobre lo que decida el Congreso erosionan la confianza».
«Un extranjero puede operar hoy con respaldo legal, pero el constante cambio normativo y la incertidumbre sobre lo que decida el Congreso erosionan la confianza»
Un Congreso paralizado y la estrategia de los DNU
Loigro apuntó con dureza contra el uso prolongado de los decretos de urgencia y la falta de definición parlamentaria. Recordó que, aunque el Senado ya rechazó en su momento el DNU 70, todavía falta el tratamiento y rechazo de la Cámara de Diputados para que la norma pierda validez total.
Asimismo, reflexionó sobre el desgaste institucional que esto produce: «Tenemos una inestabilidad crónica donde las normas se ataban con alambre. Los presidentes de distintos signos políticos utilizan esta herramienta y el Congreso no se pone los pantalones para resolverlos con plazos claros».
«Tenemos una inestabilidad crónica donde las normas se ataban con alambre. Los presidentes de distintos signos políticos utilizan esta herramienta y el Congreso no se pone los pantalones para resolverlos con plazos claros»
El «timing» de la Corte Suprema y el factor humano en la justicia
Finalmente se hace necesario el análisis hacia el rol político del máximo tribunal y sus recientes fallos de alto impacto institucional. Lonigro definió a la Corte Suprema como un órgano «tiempista» que utiliza su poder de decisión en función del contexto político y la falta de plazos legales estrictos para expedirse.
Sobre la percepción de fallos condicionados por tensiones políticas provinciales —como los recientes reclamos de La Rioja ante el tribunal—, el constitucionalista brindó una reflexión sobre la naturaleza humana de la justicia: «Los jueces son hombres y mujeres con sentimientos y responsabilidades; a veces las agresiones o los agravios pesan, y es muy difícil separar absolutamente la política de las decisiones judiciales».
«Los jueces son hombres y mujeres con sentimientos y responsabilidades; a veces las agresiones o los agravios pesan, y es muy difícil separar absolutamente la política de las decisiones judiciales»
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