El diputado provincial por el departamento Rosario Vera Peñaloza, Cristian Eduardo Pérez, se refirió a la reciente sanción de la nueva ley de educación superior en la Legislatura provincial y defendió medidas económicas adoptadas ante la falta de fondos nacionales.
Durante la comunicación, el legislador reconoció el complejo escenario financiero que atraviesa la provincia y dejó una frase que marcó el pulso del debate: «La clase política también está asfixiada, no crean que la estamos pasando bien».
Ley de Educación Superior y salud pública en Chepes
En primer lugar, Pérez detalló que la sesión legislativa fue extensa y contó con diversos temas de debate y despachos de comisión acumulados durante los últimos dos años. Entre ellos, destacó la aprobación de la ley de educación superior para el nivel público en la provincia, un proyecto que se trabajó de manera articulada entre la comisión de educación, los equipos del Ministerio de Educación y especialistas en la materia.
Asimismo, el diputado se encontraba participando en el Hospital Dr. Luis Pasteur de Chepes de una jornada de concientización y prevención en salud, acompañado por funcionarios provinciales como el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, y la secretaria de Gestión Política, Alejandra Oviedo, remarcando la importancia de abordar integralmente áreas como la salud mental y la prevención.
El aporte extraordinario a grandes contribuyentes y el impacto alimentario
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la aprobación sobre tablas de un aporte extraordinario dirigido a grandes contribuyentes. Al respecto, Pérez aclaró que la medida alcanzará a unas 29 o 30 empresas en toda la provincia, de las cuales aproximadamente la mitad (16) corresponden a bancos y entidades financieras, mientras que el resto son firmas de mayor capacidad contributiva.
Se estimó una recaudación aproximada de 650 millones de pesos mensuales, fondos que —según explicó— tienen como objetivo principal sostener los comedores escolares y la tarjeta PAR.
El legislador justificó la medida argumentando el fuerte desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional:
«El aporte que hace Nación a los comedores escolares de cada provincia se reduce del 90% al 25% del costo… La provincia tiene que afrontar el 75% del costo de funcionamiento del plan alimentario en una provincia totalmente limitada, sin acompañamiento nacional, con paralización de la obra pública y sin envío de ATN ni fondos extracoparticipables».
Ante los cuestionamientos sobre el peso de esta carga impositiva sobre el sector privado, Pérez reconoció que el contexto económico es complejo, pero sostuvo que se apunta exclusivamente a grandes corporaciones y sectores financieros que, a su juicio, han tenido mayores márgenes de ganancia en los últimos años.
La situación de la dirigencia política y el esfuerzo compartido
Consultado por los conductores sobre si el esfuerzo recae siempre sobre los ciudadanos y el sector privado mientras la clase política no se ajusta, el diputado defendió la labor legislativa y aseguró que los funcionarios también sufren la crisis cotidiana:
«A mí en lo personal, la demanda de la gente diaria sobrepasa en gran medida los recursos de los que dispongo por mi salario… No crean que la clase política la está pasando bien. Los diputados de la provincia están todos en las mismas condiciones».
Sobre sus ingresos, detalló que un diputado provincial percibe un sueldo básico aproximado de 1.900.000 pesos, al que se le suma un ítem de traslado debido a las distancias que deben recorrer los representantes del interior hacia la capital. No obstante, admitió que «de la política no se puede vivir» holgadamente frente a las altas exigencias económicas y sociales que demanda la comunidad a diario.
Panorama político interno de cara a las elecciones del PJ
Finalmente, Pérez se refirió al plano político partidario y al cierre de listas previsto para los próximos días dentro del Partido Justicialista local. Afirmó que se encuentra trabajando en la construcción de una lista de unidad departamental, apostando al diálogo y a dejar de lado los intereses personales o caprichos para lograr consensos internos de cara al proceso electoral.
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