En medio de una creciente preocupación por el nivel de endeudamiento que afecta a cerca del 40% de la población económicamente activa en el país, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la implementación de un plan de emergencia financiera mediante el Banco de La Rioja y un fuerte despliegue policial contra el circuito de prestamistas ilegales.
A través de un decreto del Ejecutivo provincial, la entidad bancaria concretó una rebaja en sus tasas de interés. Para los clientes que se encuentran al día, la tasa descendió del 76% al 56%, posicionándose entre las más bajas del mercado financiero nacional. En tanto, para los deudores con morosidad superior a los 90 días, la tasa se redujo al 47% con el fin de facilitar la refinanciación de las deudas en cuotas fijas.
El mandatario detalló que el banco riojano registra unos 30.000 clientes, de los cuales alrededor de 5.000 presentan dificultades de pago, con un endeudamiento promedio de 600.000 pesos por persona. Asimismo, se indicó que la entidad absorberá deudas de sus clientes con otros bancos privados o financieras bajo estas mismas condiciones de tasa preferencial.
Operativos contra prestamistas informales
En paralelo, la División de Delitos Económicos de la Policía de La Rioja intensificó las acciones contra la usura ilegal y las redes de préstamo informal que extorsionan a los ciudadanos. Quintela confirmó que ya son más de 10 los prestamistas detenidos en la provincia, destacando un reciente operativo en el que se incautaron 170 millones de pesos en efectivo y más de 100 tarjetas de débito retenidas a los damnificados.
Desde el gobierno provincial advirtieron que la Justicia intervino para frenar maniobras abusivas —como la firma de pagarés en blanco o la entrega de vehículos y escrituras en garantía— e informaron que se solicitará la deportación de aquellos prestamistas extranjeros que incurran en estos delitos. Para denunciar estas situaciones sin riesgo de represalias, la provincia habilitó líneas de contacto que garantizan la reserva de identidad de las víctimas.
Críticas a la gestión económica nacional
Durante su intervención, Quintela apuntó contra el rumbo del Gobierno Nacional y la vigencia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que otorga beneficios impositivos excesivos a corporaciones internacionales en detrimento de la industria nacional y las pequeñas empresas. Según detalló, las pymes locales afrontan mayores cargas tributarias, mientras miles de emprendimientos han cerrado sus puertas en todo el país.
El gobernador volvió a denunciar una marcada discriminación presupuestaria hacia La Rioja por parte del Poder Ejecutivo central, al que le reclamó una deuda cercana a los 2.000 millones de dólares en concepto de fondos coparticipables y transferencias cortadas. Al respecto, justificó la postergación de los pagos de la deuda financiera internacional de la provincia para dar prioridad al auxilio social y alimentario de los riojanos.
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