En un escenario financiero marcado por el deterioro de la capacidad de pago de los hogares, el sistema bancario argentino pasó a pérdida un total de 143 mil créditos considerados de imposible cobro. De acuerdo con los últimos datos preliminares del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el volumen de la cartera castigada asciende a $4,4 billones, abarcando operaciones tanto en moneda local como en dólares.
El pase a pérdida o «castigo» de estos activos representa la instancia final en el tratamiento contable del crédito en mora. Ocurre cuando las entidades agotan las vías habituales de refinanciación y cobranza previa, registrando la incobrabilidad directamente en sus balances.
Para intentar recuperar al menos una fracción del capital volcado a la plaza, diversos bancos han comenzado a ejecutar ventas de cartera de deuda incobrable. Estas operaciones se concretan mediante licitaciones en las que estudios jurídicos y agencias especializadas de cobranza adquieren los paquetes morosos a un porcentaje reducido de su valor nominal. Posteriormente, estos compradores inician gestiones extrajudiciales o judiciales intensivas para forzar el pago a los deudores originarios.
La contracara de este fenómeno de mora crediticia es la persistente fragilidad en las condiciones socioeconómicas. Según un reciente informe oficial del sistema de protección social, el 36% de los niños y adolescentes menores de 17 años en el país cobra actualmente la Asignación Universal por Hijo (AUH), habiéndose acreditado su situación de vulnerabilidad social para acceder al beneficio.
El cruce entre la caída en el cumplimiento del crédito bancario y la elevada cobertura de los programas de asistencia directa refleja la presión que sufren los ingresos familiares en el contexto actual, restringiendo el margen de maniobra de la banca comercial para sostener el crédito al consumo sin incurrir en mayores previsiones por riesgo de incobrabilidad.
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