El gobernador riojano Ricardo Quintela promulgó la Ley N° 10.876, abriendo un nuevo frente de disputa con su par sanjuanino, Marcelo Orrego. La Rioja buscará frenar la explotación minera en la zona en disputa mediante medidas cautelares ante la Corte Suprema de Justicia.
La Rioja / San Juan. Una histórica disputa de límites territoriales ha vuelto a encenderse en la región de Cuyo, impulsada esta vez por el fuerte interés económico y las regalías que promete el megaproyecto minero Josemaría, ubicado en el noroeste de la provincia de San Juan.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó la Ley Provincial N° 10.876, sancionada por la legislatura riojana, con la cual busca declarar la nulidad de la Ley Nacional N° 18.004, dictada en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. El gobierno riojano sostiene que esa normativa —que cedió cerca de 2.600 kilómetros cuadrados de territorio a San Juan— fue impuesta de forma unilateral y sin la participación del Congreso, por lo que carece de legitimidad jurídica.
El contraataque riojano y el freno a la minería
Con la promulgación de esta norma, La Rioja creará una comisión especial e instruirá a la Fiscalía de Estado para que inicie acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo principal de la administración de Quintela es solicitar medidas cautelares que paralicen el avance de la explotación de recursos minerales en las áreas en discusión hasta que la Justicia Federal defina la cuestión de fondo.
Desde el punto de vista político, el asesor general de la Gobernación riojana, Pedro Goycochea, aclaró que la medida no busca «una confrontación con el pueblo de San Juan», sino subsanar un vicio histórico sobre un límite provincial que nunca fue ratificado debidamente por el Congreso.
San Juan rechaza el reclamo y defiende su jurisdicción
Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, rechazó tajantemente la ofensiva de su provincia vecina y aseguró de forma categórica que los límites territoriales «no están en discusión». Orrego recordó que el actual esquema fronterizo rige con normalidad desde hace 57 años y que fue convalidado por el propio Congreso Nacional en 2014, afirmando que «ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley».
Desde el entorno de la gobernación sanjuanina calificaron la jugada de Quintela como una «bravuconada» demagógica y carente de sustento legal. El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, defendió la potestad sobre los yacimientos amparándose en la reforma constitucional de 1994, ratificando que todos los recursos naturales que se encuentren dentro de su jurisdicción pertenecen a San Juan, así como las regalías que estos generen.
Dos modelos enfrentados
La disputa también deja al descubierto las marcadas diferencias políticas entre ambos mandatarios provinciales. Aunque ambos pertenecen a la estructura partidaria tradicional, Quintela se mantiene alineado firmemente con la línea dura del kirchnerismo, mientras que Orrego mantiene una relación de diálogo fluido con el gobierno nacional de Javier Milei. De hecho, San Juan aprobó recientemente su Ley de Desarrollo Local Minero y se posiciona como una de las provincias pioneras en impulsar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un escenario opuesto a los reclamos riojanos por el paso y control de estas masivas inversiones.
La resolución definitiva de este conflicto territorial y minero quedará ahora bajo la órbita de los dos únicos poderes facultados para dirimirlo: el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.
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