El medio de verificación Chequeado, con el patrocinio de la Fundación Poder Ciudadano, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que YPF revele cómo distribuye su inversión en publicidad entre medios de comunicación, redes sociales y agencias publicitarias, luego de que la empresa se negara a cumplir una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
La presentación busca revertir dos fallos judiciales que rechazaron el pedido de acceso a la información, pese a que la AAIP había ordenado en 2024 que la petrolera entregara los datos solicitados.
El conflicto se originó en septiembre de 2024, cuando el Centro de Datos de Chequeado requirió conocer el detalle de los medios, plataformas digitales y agencias que recibieron publicidad de la empresa desde diciembre de 2023. YPF rechazó el pedido al sostener que, por su condición de sociedad anónima que cotiza en Bolsa, no está alcanzada por la Ley de Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, la AAIP hizo lugar al reclamo y ordenó que la información fuera entregada. Ante el incumplimiento de esa resolución, Chequeado promovió una acción de amparo en la Justicia Contencioso Administrativa Federal, que finalmente fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia.
En la apelación presentada ante la Corte Suprema, Chequeado sostiene que YPF posee una naturaleza jurídica «dual»: si bien funciona como sociedad anónima, también es una empresa con participación estatal mayoritaria, por lo que considera que debe cumplir con las obligaciones de transparencia previstas en la legislación vigente. Además, argumenta que ni la empresa ni los tribunales explicaron qué perjuicio concreto podría ocasionar la difusión de la información solicitada.
El caso también pone el foco sobre el manejo de los recursos destinados a publicidad por parte de empresas con participación estatal. Según investigaciones previas de Chequeado, YPF mantuvo elevados niveles de inversión publicitaria durante la gestión del presidente Javier Milei, aunque la compañía continúa sin informar públicamente el destino de esos fondos.
La decisión que adopte la Corte Suprema podría sentar un precedente sobre el alcance del derecho de acceso a la información pública en empresas donde el Estado tiene participación mayoritaria y sobre los estándares de transparencia aplicables a este tipo de sociedades.
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