BUENOS AIRES. La reciente adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio integrado por la multinacional belga Jan De Nul y la local Servimagnus sigue generando fuertes réplicas en los despachos políticos y judiciales. Mientras el Gobierno nacional celebra lo que considera la mayor privatización de la gestión de Javier Milei —un negocio que reportará una facturación estimada de entre u$s 618 millones y u$s 628 millones anuales—, la oposición y sectores del transporte fluvial ponen la lupa sobre el rol del asesor presidencial Santiago Caputo en el armado del pliego.
La concesión por 25 años, oficializada mediante la Resolución 36/2026, no solo consagra el regreso formal de la firma belga al control total de la principal autopista de exportación del país, sino que además reactiva un entramado de acusaciones por presunto favoritismo, lobby corporativo y millonarias cajas de subcontratación.
El factor Caputo y el «traje a medida»
El vínculo entre la operadora de dragado y el estratega de la Casa Rosada cobró relevancia desde las etapas preliminares del proceso licitatorio. Fuentes del sector fluvial coinciden en que Santiago Caputo estuvo a cargo del diseño del esquema original de la licitación a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
El nudo del conflicto radica en las condiciones técnicas exigidas en los pliegos. De acuerdo con las objeciones presentadas durante el proceso, las cláusulas que obligaban a disponer de forma inmediata de dragas de gran calado en la región terminaron funcionando, en la práctica, como un «traje a medida» para Jan De Nul. Al haber operado la vía de forma continua bajo contratos de mantenimiento estatales previos, la firma belga era la única que contaba con la infraestructura logística posicionada para calificar sin dilaciones, desplazando a su principal competidora global, el grupo DEME.
El nexo con el Grupo Neuss y las subcontrataciones
Más allá de la ingeniería de los pliegos, las sospechas se concentran en el negocio secundario de la Hidrovía. Aunque Jan De Nul posee el monopolio técnico del dragado profundo, el contrato por u$s 15.700 millones globales la obliga a tercerizar una vasta cantidad de obras civiles complementarias, balizamiento secundario y servicios de logística local.
Es en esta millonaria caja de subcontrataciones donde los informes de mercado identifican el nexo político. Distintas versiones señalan como principales beneficiarias a firmas vinculadas al Grupo Neuss (liderado por los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss). Los Neuss mantienen una estrecha relación de confianza con Santiago Caputo y, en paralelo, se consolidaron como aportantes clave en el financiamiento de la Fundación Faro, el think tank oficialista que dirige Francisco Caputo, hermano del influyente asesor presidencial.
Denuncia penal en Comodoro Py
El avance del proceso no estuvo exento de derivaciones judiciales. El entramado detrás de la licitación derivó en una presentación penal ante los tribunales federales de Comodoro Py por parte de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.
La imputación: La denuncia apunta directamente contra el asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo, y directivos de la filial local de Jan De Nul por los presuntos delitos de asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.
La justicia intenta determinar si existió una maniobra coordinada para inclinar la balanza en favor de la multinacional belga a cambio de la canalización de contratos de obra hacia el ecosistema de empresas afines al oficialismo. A pesar del ruido judicial, en los pasillos de Balcarce 50 descartan irregularidades y aseguran que la oferta ganadora garantizó una rebaja inmediata del 13,5% en los peajes, lo que blindaría la legalidad de la adjudicación frente a cualquier reclamo.
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