El Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Délfor Brizuela, confirmó que se inició una investigación penal y administrativa tras la denuncia de dos ciudadanos mendocinos que sufrieron apremios ilegales, tratos crueles y torturas en la comisaría de Ulapes. El hecho escaló a un conflicto de jurisdicción, ya que la detención original se produjo de manera irregular en territorio de la provincia de San Luis.
LA RIOJA. Un gravísimo caso de abuso de autoridad e ilegalidad institucional sacude al departamento General San Martín. Según relató el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Délfor Brizuela, la policía de La Rioja irrumpió sin orden judicial ni de allanamiento en un paraje perteneciente a la provincia de San Luis. En el lugar, detuvieron a dos hombres oriundos de Mendoza (empleados municipales de dicha provincia) bajo la sospecha de estar vinculados al robo de una importante suma de dinero en un campo de la zona.
Tras la detención irregular en suelo puntano, los damnificados fueron trasladados a la comisaría de Ulapes. «Allí se produjeron hechos muy, muy graves de abuso de autoridad y apremios ilegales. Las dos personas detenidas denunciaron torturas y tratos crueles e inhumanos», detalló el funcionario provincial.
Debido a la ferocidad de los golpes recibidos, uno de los detenidos sufrió la fractura de una costilla. Tras un paso inicial por el nosocomio local de Ulapes, debió ser derivado de urgencia al Hospital de Chepes dada la complejidad de sus lesiones.
Habeas Corpus y liberación
La situación de encierro finalizó luego de que el abogado patrocinante de las víctimas, el Dr. Nicolás Mercado, presentara un recurso de Habeas Corpus ante la Cámara de Chepes. La jueza integrante del tribunal hizo lugar al pedido de inmediato, ordenando la libertad de ambos hombres y dejando asentado de forma taxativa en la resolución que jamás existió una orden judicial que avalara el proceder policial.
Apartamiento de jefes y reclamo a la Justicia
Ante la gravedad de los hechos presentados en la capital riojana por el Dr. Mercado, la Secretaría de Derechos Humanos acompañado formalmente el reclamo ante la Fiscalía General de la Provincia, exigiendo celeridad y la posible designación de un fiscal subrogante en Chepes para evitar que se diluyan o borren deliberadamente las pruebas.
De igual manera, Brizuela remitió pedidos de informes urgentes a las cúpulas de la comisaría de Ulapes, a la Regional y al Jefe de la Policía de la Provincia, con copia directa al Ministro de Seguridad.
Como primera medida administrativa por parte de la Dirección de Asuntos Internos, el comisario y el subcomisario de Ulapes fueron apartados de sus cargos. No obstante, tanto la defensa como los vecinos de la comunidad alertaron con preocupación que el resto del personal subalterno —quienes habrían sido los ejecutores directos de las torturas— continuaban cumpliendo funciones y guardias de manera normal dentro de la dependencia.
Causa paralela en San Luis
La situación sumó un nuevo andarivel judicial cuando los familiares de las víctimas se trasladaron a la localidad de Candelaria (San Luis) para radicar la denuncia penal correspondiente en esa provincia, dado que el atropello e invasión de jurisdicción comenzó en territorio puntano. Según Brizuela, la fiscalía de San Luis ya ha tomado cartas en el asunto y muestra un avance riguroso.
Finalmente, el Secretario de Derechos Humanos remarcó que se insistió mediante una nota de «buenos oficios» ante la Fiscalía General riojana para que se secuestren de inmediato las cámaras de seguridad de la comisaría de Ulapes y se incorporen formalmente al expediente judicial.
«Estos hechos son una contradicción flagrante con la función de protección que tiene la policía. Condenamos el hecho y esperamos que tanto la Justicia como la institución policial sancionen con todo el peso de la ley a los responsables», concluyó Brizuela, advirtiendo que este tipo de conductas «manchan a la institución, pero también al Gobierno de la provincia si se dejan pasar».
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