LA PAZ, BOLIVIA – En un intento por frenar la peor crisis económica que enfrenta el país en cuatro décadas, militares y efectivos de la policía de Bolivia iniciaron este fin de semana un operativo masivo para despejar las carreteras que permanecían bloqueadas desde hace más de seis semanas. La medida responde a la entrada en vigor del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz.
Las acciones principales se concentraron en la ciudad de El Alto, vecina de la capital, donde fuerzas antimotines —apoyadas por tanquetas militares y excavadoras— procedieron a retirar escombros, troncos y piedras. Gracias a estas maniobras, se lograron recuperar rutas estratégicas esenciales que conectan con el sur del territorio nacional y con la frontera con Chile.
Las protestas y los cortes de vías han sido impulsados desde comienzos de mayo por sindicatos, grupos indígenas y sectores cocaleros. Esta situación de parálisis prolongada provocó un desabastecimiento crítico de combustibles, alimentos y medicamentos en diversas regiones del país.
El gobierno justificó la contundencia de las medidas señalando la necesidad de desmantelar lo que calificaron como estructuras «narcomafiosas» responsables de los desmanes de los últimos 40 a 50 días. Asimismo, las autoridades aseguraron que, con el fin de restablecer el orden y el libre tránsito, los operativos se han venido desarrollando buscando evitar los enfrentamientos directos. Por su parte, sectores de la ciudadanía han manifestado su apoyo a la medida debido al altísimo impacto económico que han generado los bloqueos.
A pesar del despliegue de las fuerzas de seguridad, la tensión en el país sigue siendo elevada. Se reporta que aún continúan activos más de 30 puntos de bloqueo en diferentes regiones. Los manifestantes mantienen firme su exigencia de que renuncie el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo en noviembre pasado tras poner fin a dos décadas de administraciones de izquierda.
El estado de emergencia decretado por el mandatario tiene una vigencia establecida de 90 días. Bajo este marco legal, el Ejecutivo cuenta con las facultades para restringir el derecho a la protesta y mantener el despliegue militar fuera de los cuarteles en apoyo a la policía para contener la crisis social.
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