El reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal vuelve a poner en evidencia una realidad que en el interior del país se siente con crudeza: los recursos que sostienen el funcionamiento de las provincias están en retroceso real, y el impacto no es homogéneo. En ese mapa desigual, La Rioja aparece nuevamente entre las jurisdicciones más perjudicadas, profundizando una histórica fragilidad estructural.
La caída del 4,3% real en las transferencias automáticas durante marzo y del 6,4% en el acumulado del primer trimestre no es un dato técnico aislado. Es, en términos concretos, menos dinero para sostener hospitales, escuelas, salarios estatales y políticas sociales. Es menos Estado en territorios donde el Estado no es un actor más, sino muchas veces el principal sostén de la economía local.
En el caso riojano, el problema se agrava por una característica estructural: su alta dependencia de la coparticipación. A diferencia de distritos con mayor volumen económico o capacidad de generación de recursos propios, La Rioja queda más expuesta a cualquier variación en la recaudación nacional. Y si además —como señala el informe— tiene menor participación en mecanismos compensatorios que sí beneficiaron a otras provincias, el resultado es claro: pierde más y tiene menos herramientas para amortiguar el golpe.
Pero el debate de fondo excede lo fiscal. Lo que está en discusión es el modelo de país que se está consolidando bajo la gestión de Javier Milei. Un modelo que, hasta el momento, ha mostrado una fuerte orientación hacia el equilibrio macroeconómico basado en el ajuste del gasto público, pero con consecuencias sociales y territoriales profundamente desiguales.
La promesa de que el “derrame” llegaría eventualmente a todos los sectores sigue sin materializarse, especialmente en provincias como La Rioja, donde los indicadores sociales ya partían de una situación más vulnerable. La contracción de recursos no sólo limita la acción del Estado provincial, sino que impacta directamente en la actividad económica, el empleo y el consumo.
Mientras tanto, los sectores de mayores ingresos parecen haber sido los principales beneficiarios de este esquema. La reducción de la carga impositiva en ciertos segmentos, la liberalización de precios y la retracción del Estado como regulador configuran un escenario donde las asimetrías tienden a profundizarse. En ese contexto, hablar de “eficiencia” sin considerar la equidad territorial resulta, cuanto menos, incompleto.
La sociedad argentina vota, en general, con una expectativa básica: vivir mejor. Esa aspiración no distingue entre ideologías, pero sí exige resultados. Cuando las políticas implementadas terminan concentrando beneficios en los sectores más acomodados y trasladando los costos a las provincias más débiles, la pregunta sobre el rumbo se vuelve inevitable.
La Rioja no es un caso aislado, pero sí un ejemplo claro. Lo que allí ocurre permite anticipar los efectos de un modelo que, lejos de corregir desigualdades históricas, corre el riesgo de profundizarlas. Y en esa dinámica, el federalismo —tan invocado en los discursos— queda reducido a una expresión formal, sin correlato real en la distribución de recursos.
El desafío hacia adelante no es sólo económico, sino político: redefinir un esquema que garantice equilibrio fiscal sin abandonar a quienes más necesitan del Estado. Porque sin desarrollo equitativo, no hay estabilidad sostenible. Y sin provincias fuertes, no hay país posible.
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