
La reforma de la Ley de Glaciares volverá al centro del debate político esta semana, cuando el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional sea tratado en la Cámara de Diputados tras obtener media sanción en el Senado. La iniciativa propone modificar los alcances actuales de protección sobre los cuerpos de hielo y las zonas periglaciares, lo que generó preocupación en sectores científicos y ambientales.
La periodista Vero Gordillo explicó que el objetivo es “llevar claridad” ante la gran cantidad de información y versiones difundidas en redes sociales y medios. En ese marco, se entrevistó a la investigadora Laura Salazar, directora del Inventario Nacional de Glaciares, quien analizó los cambios propuestos y su impacto potencial.
Actualmente, la normativa vigente —aprobada en 2010— establece la protección integral de todos los glaciares y ambientes periglaciares, prohibiendo la instalación de industrias, actividades mineras, hidrocarburíferas y obras de infraestructura, salvo aquellas destinadas a la investigación científica.
Según se explicó, la reforma propone limitar esa protección solo a los glaciares que sean considerados “reservas estratégicas de recursos hídricos”, evaluación que pasaría a depender de estudios realizados por cada provincia. En la actualidad, el inventario y la clasificación están a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Salazar remarcó que “todos los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce” y que cada uno cumple una función dentro de las cuencas hídricas. Además, advirtió que el cambio podría generar pérdida de criterios científicos uniformes, ya que cada jurisdicción definiría qué cuerpos de hielo quedan protegidos.
Los especialistas destacan que los glaciares cumplen un rol clave como reguladores del agua, especialmente en zonas áridas. Durante períodos secos, el deshielo aporta caudal a ríos y cuencas, además de sostener biodiversidad, valor paisajístico y datos científicos relevantes para el monitoreo climático.
El Inventario Nacional de Glaciares —de acceso público— registra más de 16.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes, con fuerte presencia en provincias como Mendoza. La información incluye mapas, imágenes satelitales y campañas de campo realizadas con metodología científica.
El tratamiento del proyecto también generó participación ciudadana. Desde el Congreso de la Nación Argentina se convocó a una audiencia pública en la que se inscribieron alrededor de 100.000 personas, en el marco del Acuerdo de Escazú, que establece mecanismos de participación para temas ambientales.
Organizaciones ambientales adelantaron que podrían judicializar la medida si la reforma avanza. Además, se convocaron movilizaciones frente al Congreso para el día del debate, mientras el oficialismo busca obtener la sanción definitiva del proyecto.
El tema se mantiene bajo seguimiento y se prevé una jornada clave esta semana, donde Diputados definirá si la modificación a la Ley de Glaciares avanza o mantiene el esquema de protección vigente.
