El cierre de doce tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) generó preocupación en varias provincias, luego de que legisladores nacionales advirtieran que la medida encarecerá los costos logísticos para la provisión de efectivo y afectará la operatoria financiera del interior del país.
Según un proyecto presentado en el Senado por los legisladores Fernando Rejal y Fernando Salino, el cierre operativo alcanza a las agencias ubicadas en Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Salta, San Juan y Santa Rosa. Los senadores sostienen que la decisión “constituye una afectación grave” para las transacciones financieras y comerciales en esas localidades al encarecer la provisión de billetes físicos.
De acuerdo con el planteo, la restricción en la disponibilidad de efectivo obligará a bancos y entidades a solicitar dinero desde otras regionales o desde la sede central del BCRA en Buenos Aires, lo que implica mayores costos de transporte, seguridad y tiempos operativos. Este incremento de gastos terminaría impactando en la actividad económica local y en la operatoria cotidiana del sistema financiero.
Los legisladores también cuestionaron la medida desde el punto de vista político y federal, al considerar que reduce la presencia operativa del Banco Central en el interior del país y limita la igualdad territorial. Además, señalaron que, si bien la digitalización de pagos avanza, en muchas regiones aún persiste un uso importante del efectivo, especialmente entre adultos mayores o zonas con menor conectividad tecnológica.
En el plano social, el proyecto advierte que la decisión podría generar dificultades para sectores que todavía dependen del dinero físico y que no cuentan con acceso pleno a herramientas digitales, cajeros automáticos o billeteras virtuales. Por ello, pidieron que la medida contemple criterios de inclusión y no solo de eficiencia económica.
Desde el Banco Central defendieron la decisión y señalaron que el cierre responde a un objetivo de mejorar la eficiencia en la distribución del efectivo. Según explicaron, la determinación se basó en cuestiones técnicas, como la ubicación geográfica de las sedes, el tamaño de las bóvedas, el flujo de envíos y el nivel de actividad de cada tesoro regional.
La medida se enmarca en una tendencia hacia menor uso de efectivo y mayor digitalización del sistema financiero, lo que llevó a reducir la actividad de algunas dependencias. Sin embargo, provincias y legisladores sostienen que el impacto logístico y operativo podría ser significativo para el interior, donde la provisión de billetes continúa siendo un componente clave del funcionamiento económico.
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