La Rioja. La finalización del contrato de seguridad privada en el Hospital Enrique Vera Barros dejó a decenas de trabajadores sin empleo, lo que derivó en protestas frente al centro de salud y fuertes cuestionamientos por parte de dirigentes sindicales.
El secretario general del gremio de seguridad privada UPSAP, Leo Nieto Vera, aseguró que la situación afecta a alrededor de 45 a 50 familias que se desempeñaban como vigiladores en el hospital.
Según explicó el dirigente, el conflicto tiene antecedentes que se remontan al año pasado, cuando se produjo un cambio de empresa prestadora del servicio de seguridad en el nosocomio.
“Esto comenzó el año pasado cuando advertimos la situación y la denunciamos ante las autoridades. Había una empresa que prestaba el servicio y luego se abrió una licitación que terminó adjudicándose a otra firma”, indicó.
Denuncias por presunto fraude laboral
Nieto Vera sostuvo que durante el cambio de empresa los trabajadores habrían sido obligados a renunciar a sus puestos para ser contratados nuevamente por la nueva firma, lo que implicó perder su antigüedad laboral.
“Los obligaron a renunciar a más de 50 trabajadores. Al hacerlo, quedaron a foja cero, perdiendo antigüedad y derechos laborales”, afirmó.
El dirigente explicó que muchos de esos empleados tenían más de 15 años de servicio, por lo que la pérdida de la antigüedad representó un perjuicio económico importante.
“Cada trabajador tenía entre 23 y 25 millones de pesos en concepto de indemnización si se hubiera respetado su antigüedad”, sostuvo.
Empresa fuera de la provincia
De acuerdo con el sindicalista, la empresa que posteriormente asumió el servicio de seguridad habría abandonado la provincia luego de unos meses de actividad, lo que dejó a los trabajadores sin empleo ni respaldo laboral.
“Hoy la empresa se fue y los trabajadores quedaron afuera, sin trabajo y sin ningún derecho porque renunciaron previamente”, manifestó.
Reclamos y protestas
Ante esta situación, los vigiladores realizaron protestas frente al hospital, reclamando una solución a su situación laboral y el pago de salarios adeudados.
Nieto Vera aseguró que desde el gremio se evalúan acciones judiciales para investigar lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.
“Vamos a denunciar esta situación ante la justicia porque entendemos que aquí pudo haber una maniobra para evitar pagar indemnizaciones a los trabajadores”, señaló.
El dirigente también pidió la intervención de la justicia para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades entre las empresas involucradas y otros actores del proceso.
About The Author
