La violencia social no surge en el vacío. Se construye, se amplifica y se reproduce a partir de múltiples factores: económicos, culturales y políticos. En los últimos dos años, la Argentina ha atravesado una creciente crispación en el debate público. Buena parte de ese clima tiene relación con el tono confrontativo que se ha instalado en la comunicación política, particularmente desde la máxima investidura del país.
El presidente Javier Milei ha construido gran parte de su identidad política a partir de un discurso combativo, dirigido contra lo que denomina “la casta política”, periodistas, opositores, artistas e incluso sectores sociales que piensan distinto. A lo largo de sus intervenciones públicas, entrevistas y discursos, han sido frecuentes las descalificaciones personales, los insultos o las expresiones cargadas de enojo hacia adversarios ideológicos. Más allá de la valoración política que cada ciudadano tenga de su figura, lo cierto es que ese tono se ha vuelto cada vez más habitual en el espacio público.
El problema no es solo político: es cultural. Cuando desde la cúspide del poder se naturaliza un lenguaje agresivo, ese estilo tiende a replicarse. Legisladores, funcionarios y referentes políticos de distintos niveles han adoptado una retórica similar en redes sociales, en debates televisivos y en intervenciones públicas. El resultado es un ecosistema comunicativo donde el insulto reemplaza al argumento y donde la descalificación personal parece más efectiva que el diálogo.
Este clima termina filtrándose en la vida cotidiana. Las redes sociales son el escenario más visible: allí proliferan mensajes denigrantes contra personas con discapacidad, contra quienes viven en condiciones económicas vulnerables o contra quienes simplemente expresan una opinión diferente. La violencia verbal se vuelve un reflejo automático. Una discusión sobre política, economía o cualquier tema cotidiano puede derivar rápidamente en agresión.
Ayer en nuestro medio vivimos un hecho de estos que claramente puede ejemplificar cómo se manifiesta la violencia sin tener un ápice de empatía no consideración por el daño que podría causar en la persona que es agredida. Por ello es tan necesario que observemos con detenimiento este incidente.
A esto se suma un contexto económico particularmente duro. Según datos recientes del INDEC, la pobreza ha alcanzado a cerca de la mitad de la población en distintos momentos del último año, mientras que la inflación acumulada superó ampliamente el 200 % anual en períodos recientes. El salario real ha perdido poder adquisitivo de forma sostenida y cada vez más familias tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. La morosidad en créditos y servicios ha crecido, y muchos trabajadores han visto deteriorarse su estabilidad laboral.
En paralelo, el empleo formal no crece al ritmo necesario. Muchas personas que perdieron su trabajo han debido refugiarse en la informalidad, con ingresos más bajos y mayor incertidumbre. Este escenario de frustración económica genera ansiedad, enojo y sensación de injusticia. Cuando ese malestar se combina con un discurso público cargado de confrontación, el resultado suele ser una sociedad más irritada y menos tolerante.
Sin embargo, la historia argentina demuestra que los climas sociales no son permanentes. Las sociedades pueden aprender, corregir y reconstruir sus formas de convivencia. El respeto, la empatía y el debate democrático no son signos de debilidad, sino condiciones básicas para que una comunidad pueda progresar.
Tal vez el desafío del presente sea recuperar el valor de la palabra responsable. Que la crítica vuelva a ser argumentada y no agresiva; que la política vuelva a ser un espacio de discusión y no de hostilidad. Si ese cambio comienza a gestarse —desde la dirigencia, pero también desde la ciudadanía— será posible imaginar una sociedad menos violenta y más justa.
Porque incluso en tiempos difíciles, siempre existe la posibilidad de reconstruir el diálogo y la esperanza.
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