La investigación en torno a un caso de apremios ilegales y torturas en la comisaría de Ulapes y una serie de causas por la desaparición de ganado en campos de la región se encuentran bajo la lupa de la Justicia. En declaraciones a los medios, el abogado querellante Nicolás Mercado expuso las irregularidades que marcan el rumbo de ambos expedientes, señalando fallas institucionales, maniobras policiales y la parálisis judicial por inhibiciones de magistrados.
Desaparición de ganado y parálisis judicial
Por un lado, el letrado se refirió a las causas vinculadas al faltante de animales en establecimientos rurales de la zona, una modalidad que afecta a diversos pequeños productores. En particular, Mercado representa a damnificados de Facundo Quiroga y de la localidad de Olta, a quienes les sustrajeron o hicieron desaparecer una treintena de animales en un campo de gran extensión. Sin embargo, la problemática abarca a otros sectores del departamento Juan Facundo Quiroga —cercanos a Portesuelo—, donde se estima que la cifra total de animales faltantes superaría los trescientos.
El abogado advirtió sobre la falta de controles efectivos y cuestionó que se recurra a excusas como muertes o pérdidas en el campo. A esto se suma un obstáculo procesal crítico: la causa se encuentra paralizada debido a las sucesivas inhibiciones y apartamientos de los jueces locales. La inhibición de la jueza titular —cuyo esposo ejerce la defensa penal— y la del juez subrogante —quien argumentó vínculos de vecindad y parentesco con los denunciados— obligaron a derivar el expediente a la ciudad de Chamical, ralentizando la investigación y perjudicando a los productores afectados.
Apremios ilegales y graves irregularidades en Ulapes
En paralelo, Mercado detalló los avances en la causa por torturas y apremios ilegales cometidos en la comisaría de Ulapes contra ciudadanos procedentes de la vecina provincia de San Luis. En este marco, resultó clave la reciente declaración judicial del damnificado Atilio Quintero, quien sufrió el robo de una importante suma de dinero en su domicilio.
Durante su testimonio, Quintero reveló que debió corregir su denuncia inicial ante Asuntos Internos debido a que se le había atribuido falsamente un conflicto familiar inexistente con la familia Arce. Según la querella, esta maniobra policial habría tenido como fin justificar el operativo y desviar la investigación sobre personas de extraña jurisdicción. Asimismo, el damnificado remarcó la sospecha de que existió información interna precisa, ya que los delincuentes ingresaron directamente al dormitorio donde se encontraba oculto el dinero.
Libros de guardia desaparecidos y pedido de comparecencia
La investigación policial también sumó cuestionamientos sobre el manejo de los registros oficiales en la dependencia de Ulapes. Según se informó, el libro de guardia correspondiente al día de los hechos no se encontraba disponible cuando la Justicia acudió a secuestrarlo, motivo por el cual se inició un segundo libro en paralelo. Actualmente, ambos registros obran en poder de la justicia y son sometidos a pericias, ya que el libro original desaparecido debía contener constancias fundamentales sobre el horario y las condiciones físicas en las que ingresaron los detenidos.
Finalmente, la querella solicitó que la médica que examinó a los mendocinos tras su traslado comparezca a declarar bajo apercibimiento de la fuerza pública. La profesional había dejado constancia por escrito de las lesiones que presentaban las víctimas y advirtió al personal policial sobre el estado físico con el que ingresaron, un testimonio considerado de vital importancia para esclarecer las responsabilidades en el caso.
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