Hay una pregunta que hoy recorre las calles de Europa y también resuena con fuerza en la Argentina, y que en La Rioja adquiere un significado muy concreto: ¿de qué sirve que una economía muestre determinados indicadores de estabilidad si cada vez más personas sienten que no pueden vivir dignamente de su trabajo?
Mientras una minoría acumula fortunas extraordinarias, millones de familias hacen cuentas para llegar a fin de mes. Y en medio de esa contradicción, los jóvenes salen a las calles. No protestan solamente por un salario, por el precio de los alimentos o por el costo de un alquiler. Protestan porque sienten que les están arrebatando el futuro.
Lo que ocurre en Europa es una señal de alarma. En distintos países, las dificultades para acceder a una vivienda, el costo de vida, la precarización laboral y la incertidumbre sobre el futuro alimentan el descontento social. Una generación que estudió, se preparó y aspira a independizarse descubre que tener un título o conseguir empleo ya no garantiza una vida estable.
¿De qué sirve estudiar durante años si después no se consigue un trabajo que permita vivir dignamente? ¿Qué sentido tiene trabajar ocho o diez horas diarias si el alquiler consume la mayor parte del sueldo? ¿Qué futuro puede imaginar una generación que ve la vivienda, la educación y hasta la posibilidad de formar una familia convertidas en privilegios?
Estas preguntas también atraviesan a la Argentina. Las movilizaciones universitarias, los reclamos de los trabajadores y el malestar de distintos sectores sociales expresan una discusión de fondo: quién debe soportar el costo de la crisis y qué lugar ocupan los derechos sociales dentro del modelo económico nacional.
Y en La Rioja, esta discusión tiene rostro, tiene barrio y tiene nombres propios.
Está en el trabajador estatal que espera que su salario alcance hasta fin de mes; en el comerciante que abre su negocio sin saber cuánto venderá; en el jubilado que debe elegir qué gasto postergar; en el joven que quiere abandonar la casa de sus padres, pero descubre que alquilar resulta casi imposible. Está también en las familias que dependen de los servicios públicos, del transporte, de la educación y de la salud para sostener su vida cotidiana.
En una provincia como la nuestra, donde el empleo público y la actividad económica vinculada al Estado tienen un peso significativo, las decisiones del Gobierno nacional sobre transferencias, salarios, obra pública y financiamiento repercuten sobre toda la economía provincial. Cuando cae el poder adquisitivo, no solamente pierde el trabajador: también lo siente el almacenero, el comerciante, el pequeño empresario y cada actividad que depende del consumo local.
Por eso, discutir el ajuste no es una abstracción ideológica. Es discutir qué ocurre con las economías familiares, con los comercios de nuestros barrios y con las oportunidades de quienes quieren construir su futuro en La Rioja sin tener que emigrar.
Es cierto que la Argentina arrastra décadas de inflación, endeudamiento y desequilibrios económicos. Ordenar las cuentas públicas es un desafío real. Pero la estabilidad no puede medirse exclusivamente por el equilibrio fiscal o la tranquilidad de los mercados. También debe evaluarse por la capacidad de una familia para alimentarse, por las posibilidades de un estudiante de terminar su carrera y por el acceso de un trabajador a una vivienda digna.
Aquí aparece una diferencia fundamental: una cosa es discutir cómo administrar los recursos y otra es aceptar que el costo de esa administración recaiga siempre sobre los mismos sectores.
La concentración de la riqueza, el deterioro de los ingresos y la pérdida de expectativas pueden erosionar la confianza en las instituciones. Y cuando la política deja de ofrecer respuestas concretas, crece el desencanto, especialmente entre los jóvenes, que necesitan algo más que promesas: necesitan oportunidades reales.
Europa y Argentina, con sus diferencias, muestran una preocupación compartida. Las nuevas generaciones quieren trabajar, estudiar, independizarse y proyectar una familia. No piden que les regalen el futuro. Piden que el esfuerzo vuelva a tener sentido.
Y La Rioja no puede quedar al margen de esa discusión. Nuestra provincia necesita producción, inversión, empleo privado y diversificación económica, pero también necesita sostener la educación, la salud, la infraestructura y las políticas sociales que permiten que las oportunidades lleguen a quienes históricamente tuvieron menos posibilidades.
Porque el desarrollo no consiste solamente en equilibrar números. Consiste en generar condiciones para que una familia pueda vivir mejor y para que un joven encuentre razones para quedarse, crecer y construir su proyecto de vida en su propia tierra.
La verdadera pregunta no es por qué los jóvenes protestan. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo como sociedad para que tantos jóvenes sientan que su futuro está en peligro.
Porque una economía puede exhibir balances positivos y producir millonarios, pero si una generación pierde la esperanza, hay algo esencial que necesita ser revisado.
El progreso de un país y de una provincia no se mide solamente por cuánto acumulan quienes más tienen, sino por las oportunidades que ofrece a quienes todos los días trabajan, estudian y luchan por salir adelante. La economía debe estar al servicio de la gente. Y en La Rioja, como en cualquier lugar del mundo, el futuro no puede ser un privilegio reservado para unos pocos.
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