El defensor público oficial Martín Yoma se refirió a los rumores que lo ubican como el próximo ministro de Seguridad de la provincia de La Rioja. Yoma confirmó que su nombre figura entre los posibles candidatos y que aceptaría el cargo con «mucho gusto y mucha responsabilidad» de concretarse una propuesta formal.
Transición y ejes de gestión
El funcionario explicó que actualmente se encuentra a la espera de los plazos procesales vinculados a la designación de Miguel Zárate como nuevo jefe de fiscales, trámite que dejaría vacante la cartera de seguridad.
De asumir la conducción del ministerio, Yoma adelantó que su impronta se centrará en:
- Reforzar la seguridad: Mantener los índices delictivos bajos que caracterizan a la provincia mediante el fortalecimiento de las políticas actuales.
- Adecuación procesal: Acompañar la transición en el sistema de justicia, incluyendo la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal y el régimen penal juvenil.
- Articulación policial: Consolidar el vínculo operativo con la fuerza de seguridad y el trabajo preventivo que esta realiza ante hechos ilícitos.
Postura sobre el régimen penal juvenil
Consultado acerca del régimen penal juvenil y la baja en la edad de imputabilidad, Yoma manifestó su total desacuerdo. Señaló que este tipo de legislaciones responden a realidades e idiosincrasias de centros urbanos grandes como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no contemplan las particularidades del interior del país. No obstante, aclaró que como abogado y funcionario institucional su deber es cumplir la normativa vigente y adecuar las herramientas del Estado bajo los estándares constitucionales.
El caso de María Florencia Moyano
Finalmente, el defensor se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena de tres años de cumplimiento efectivo para María Florencia Moyano Maldonado por los delitos de lesiones y daño, tras un hecho de violencia ocurrido en diciembre de 2023. Yoma explicó que desde el Ministerio Público de la Defensa se cuestionó la denegación de una condena de ejecución condicional —prevista para penas menores a tres años sin antecedentes—, aunque aclaró que la Corte desestimó el recurso por cuestiones formales y la causa quedó firme.
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